9 de noviembre de 2026
Ocupa notabilidad enfocarnos en situaciones concretas (como el ataque sufrido por Binance), en vista a que se puede comprender mejor sobre las principales vulnerabilidades del actual mercado de criptomonedas. No obstante, no se pretende instalar temor ni tampoco se presenta un diseño metodológico que busca crear la hipótesis de que nos encontramos ante un sistema digital totalmente inseguro, sino que es determinante apreciar que toda exploración financiera, para reflexionar una transferencia seria de activos, debe necesariamente valorarse cada información al respecto, y entorno a ello, soportar una decisión adecuada, es decir, evitar todos los riesgos, así como la deferencia de medidas de seguridad que permitan prevenir fraudes.

La jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, ya recusó a los fiscales Leonardi Guerrero y Patricia Sánchez desde que fue imputada en la causa relacionada al fraude con títulos para concursos en el Consejo de la Magistratura (CM). Llamativamente los incidentes acumulan polvo en el despacho del fiscal adjunto Augusto Salas, quien desde junio aún no resolvió dichos incidentes.
Al tiempo de incluir un debate sobre aquello que transita por el “daño patrimonial”, surge el interés ante las diversas teorías “económicas” que se aplican bajo el contexto constructivo del hecho (fraude), es decir, en la búsqueda de la verdad. En tal esencia, al igual que la teoría de los deberes de “protección”, tenemos que la “teoría del saldo” es una doctrina que formula sus propios alcances y aplicación.


La jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, fue convocada para el 3 de julio a su audiencia de imposición de medidas ante el Juzgado de Garantías. La magistrada es investigada junto con otras cinco personas por el fraude detectado por el Consejo de la Magistratura con certificados adulterados para ganar puntos en un concurso.

La causa en la que se investiga el fraude denunciado por el propio Consejo de la Magistratura (CM) está embarrada por la presentación de diferentes recursos en el Juzgado y en la Fiscalía. Una jueza y otras cinco personas son investigadas por la presunta falsificación de documentos académicos para concursar ante el órgano.