En un comunicado conjunto, las dos asociaciones de defensa de derechos humanos recuerdan que el 26 de julio pasado un golpe militar acabó con el gobierno del presidente Mohamed Bazoum, desde entonces detenido junto a su familia en el palacio presidencial de Niamey, y una junta autodenominada Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP) se hizo con el poder.
Desde entonces, indican que decenas de funcionarios han sido arrestados y "las autoridades han amenazado, acosado, intimidado y arrestado arbitrariamente a periodistas, jóvenes y supuestos opositores políticos, así como a otras personas que expresan opiniones críticas".
"Las detenciones arbitrarias de las autoridades y los ataques al derecho a la libertad de expresión colocan a Níger en un camino peligroso en lo que respecta a los derechos humanos", afirma en la nota Ilaria Allegrozzi, investigadora principal sobre el Sahel de Human Rights Watch.
En respuesta al golpe, el 30 de julio la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) cerró las fronteras entre Níger y sus estados miembros, suspendió las transacciones comerciales y financieras con Níger y amenazó con acciones militares si el CNSP no liberaba a Bazoum, cosa que finalmente no ocurrió.
El 10 de agosto, la CEDEAO impuso sanciones, incluidas prohibiciones de viajar y congelaciones de activos, a los líderes golpistas y el 22 de agosto la Unión Africana suspendió a Níger de sus órganos.
El día 11 de este, las autoridades nigerinas dieron a la representante de la ONU en el país, Louise Aubin, 72 horas para abandonar Níger y acusaron al secretario general, António Guterres, de "sabotaje" al excluir a Níger de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.
AI y HRW recuerdan que desde el golpe de Estado han arrestado "arbitrariamente" a funcionarios del gobierno derrocado como Sani Mahamadou Issoufou, ex ministro de Petróleo; Hamadou Adamou Souley, ex ministro del Interior; Kalla Moutari, ex ministra de Defensa; y Ahmad Jidoud, ex ministro de Finanzas.
En septiembre, afirman, las autoridades los trasladaron a las prisiones de Filingué Say, Kollo en la región de Tillaberi y Niamey y los acusaron de "amenazar la seguridad del Estado" ante un tribunal militar, a pesar de ser civiles. Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que "sus detenciones son arbitrarias por tener motivaciones políticas".
Respecto a Bazoum, el presidente nigerino depuesto, las organizaciones indican que el 13 de agosto la junta militar anunció que lo procesarían por "alta traición", pero aún no ha comparecido ante un juez.
El 18 de septiembre, Bazoum presentó una petición ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO en Abuja (Nigeria) citando violaciones de derechos humanos contra él y su familia durante su detención, indica la nota.
Además, AI y HRW afirman haber recibido quejas de organizaciones de medios y periodistas que "han experimentado mayores presiones al realizar su trabajo, así como intimidación, incluidas amenazas de violencia y vigilancia, tanto por parte de agentes gubernamentales como de otras personas".
"Desde el golpe, periodistas nacionales e internacionales han sido amenazados, acosados verbalmente por internet y atacados físicamente", añaden, y el 3 de agosto la junta militar suspendió indefinidamente las emisoras internacionales France 24 y Radio France Internationale.
"La autocensura se ha convertido en una táctica de supervivencia para muchos de nosotros, especialmente aquellos que se han distanciado de las opiniones y acciones de las nuevas autoridades”, afirmó un periodista nigerino a Human Rights Watch.