El portavoz de la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones, Tlili Mnasri, explicó a la agencia estatal TAP que 542 expedientes fueron rechazados por no cumplir con los criterios, mientras otros 18 candidatos se retiraron de manera voluntaria.
Por otro lado, 1.028 personas con discapacidad fueron aceptadas y participarán en un proceso paralelo (por sorteo) para cumplir con la cuota de un miembro de esta categoría dentro de los comités locales.
El votante deberá elegir por escrutinio uninominal a los 279 miembros locales que integrarán por sorteo los consejos regionales.
Estos, a su vez, elegirán a los 77 representantes del Consejo Nacional. Esta institución, para la que todavía no hay fecha de creación, dispondrá de prerrogativas limitadas: aprobar los presupuestos generales del Estado y examinar los planes de desarrollo propuestos por el Estado.
La nueva ley electoral, decretada por el presidenta Kais Said de manera unilateral, fija un proceso de dos vueltas, excepto si uno de los candidatos obtiene mayoría absoluta.
Además organiza el territorio en 2.155 circunscripciones, una división "desequilibrada" que no se rige por una lógica geográfica ni tiene en cuenta la población de cada área, según los analistas.
Said, que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social", aseguró en la convocatoria que se trata de una fecha "simbólica" al coincidir con la muerte de los dos primeros mártires (Mohamed Amri y Chaouki Hidri) de lo que considera la "verdadera" revolución, que comenzó en diciembre de 2010.
Hasta ahora, Túnez celebraba su efeméride el 14 de enero, día en el que el dictador Zine El Abidine Ben Ali huyó a Arabia Saudí y arrancó la transición democrática, que todavía sigue en curso.
En marzo el jefe del Estado disolvió todos los consejos municipales para remplazarlos por delegaciones designadas oficialmente como parte de su proyecto político, y que puso fin así a la descentralización, uno de los grandes desafíos de la transición, para que el país "vuelva a encarrilarse tras el estancamiento político y económico".
La oposición, que ha boicoteado las diferentes consultas, acusa al dirigente de persecución judicial tras el encarcelamiento de una treintena de figuras políticas -acusadas de "complot contra la seguridad del Estado"- para evitar alianzas de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, aunque todavía no son seguras.