El cardenal Becciu, condenado a 5 años y medio de cárcel por escándalo financiero

Ciudad del Vaticano, 16 dic (EFE).- El cardenal italiano Angelo Becciu fue hoy condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por un caso de irregularidades financieras, según anunció el Tribunal del Vaticano, que condenó también a otros ocho imputados por este caso, sobre todo agentes financieros e intermediarios.

El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu participa en la procesión de la misa del Domingo de Ramos el 2 de abril de 2023 en la plaza de San Pedro en el Vaticano. El 16 de diciembre de 2023, un tribunal del Vaticano condenó al otrora poderoso cardenal italiano a cinco años y seis meses de cárcel por delitos financieros al final de un juicio histórico. Angelo Becciu, de 75 años, ex asesor del Papa Francisco y que alguna vez fue considerado un contendiente papal, había negado rotundamente cargos que incluían malversación de fondos y abuso de poder.
El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu participa en la procesión de la misa del Domingo de Ramos el 2 de abril de 2023 en la plaza de San Pedro en el Vaticano. El 16 de diciembre de 2023, un tribunal del Vaticano condenó al otrora poderoso cardenal italiano a cinco años y seis meses de cárcel por delitos financieros al final de un juicio histórico. Angelo Becciu, de 75 años, ex asesor del Papa Francisco y que alguna vez fue considerado un contendiente papal, había negado rotundamente cargos que incluían malversación de fondos y abuso de poder.153742+0000 FILIPPO MONTEFORTE

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Sobre Angelo Becciu, de 75 años y primer cardenal juzgado por un tribunal penal del Vaticano, también ha recaído la inhabilitación “perpetua” para ejercer cargos en la Santa Sede, según declaró el presidente de la corte, Giuseppe Pignatone, al leer la sentencia.

El purpurado también tendrá que pagar una multa de 8.000 euros.

El proceso indagó en los últimos dos años y medio la compra de un edificio en el centro de Londres orquestada por la Secretaría de Estado vaticana cuando Becciu era su sustituto de Asuntos Generales (2011-2018), una operación especulativa que creó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de al menos 139 millones de euros.

El promotor de justicia o fiscal vaticano había reclamado para el cardenal 7 años y 3 meses de cárcel.

En este caso, con un total de diez imputados, también fue condenado Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado vaticana, a 7 años y medio de cárcel.

Por otro lado, las condenas también recayeron en los corredores financieros y mediadores de la operación inmobiliaria, acusados de lucrarse y estafar a la Santa Sede.

Enrico Crasso fue condenado a 7 años de cárcel y 10.000 euros de multa; Raffaele Mincione a 5 años y medio; Nicola Squillace a un año y diez meses de prisión; y Gianluigi Torzi a 6 años y nueve meses, todos ellos con prohibición para cargo público.

El secretario del cardenal, Mauro Carlino, es el único de los diez imputados que salío absuelto del proceso.

La empresaria Cecilia Marogna, asesora de Becciu y presentada en los ambientes vaticanos como una experta en diplomacia, también ha sido condenada a 3 años y nueve meses de reclusión, con prohibición "temporal" para ejercer cargo público.

El escándalo estalló al trascender la compra de un edificio en el corazón londinense, en Sloane Avenue, una antigua sede de las galerías Harrods en el exclusivo barrio de Chelsea.

La acusación apuntaba que el edificio había costado a la Santa Sede unos 350 millones de euros pero que fue luego vendido por el Vaticano por 186 millones de libras (unos 214 millones de euros).

Pero, además, aquella adquisición acabó siendo utilizada para extorsionar al Vaticano y demostrando la poca transparencia y las irregularidades que había en las cuentas de la Santa Sede.

Además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu como las donaciones de 125.000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación, vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos.

Así como el pago de 575.000 euros a Cecilia Marogna, también imputada, una mujer a quien se contrató por presentarse como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos y que supuestamente ayudó a la Santa Sede a liberar a la monja colombiana secuestrada en Malí.

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