Entre el 4 y el 10 de febrero los rescatados a bordo de embarcaciones precarias fueron desembarcados en los puertos de la capital aunque no se registraron pérdidas humanas, según el último informe de este organismo dependiente de Naciones Unidas.
En lo que va de año 1.004 personas- 31 de ellas menores- han sido devueltas a Libia, 16 han fallecido y 73 han desaparecido en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, la más mortífera de las conocidas. Las cifras registradas un año antes revelan que 17.190 fueron interceptadas, 962 muertos y 1.536 desaparecidos.
La encargada de las operaciones de rescate es la Guardia Costera libia, un cuerpo formado y financiado por la Unión Europea (UE) pese a estar bajo sospecha por organizaciones humanitarias internacionales, como Amnistía Internacional (AI), por sus supuestos vínculos con las mafias que se dedican al lucrativo negocio del contrabando.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido en numerosas ocasiones facilitar las evacuaciones de la población migrante en Libia, estimada en unas 600.000 personas, y ha instado a la Unión Europea y Naciones Unidas a "revisar urgentemente y, si es necesario, suspender los actuales acuerdos de cooperación".
En agosto pasado el Gobierno de Trípoli (oeste) pidió a la comunidad internacional mayor apoyo para luchar contra la migración irregular después de firmar un acuerdo con Túnez para evacuar a centenares de migrantes subsaharianos que habían sido expulsados por el país vecino hacia sus fronteras desérticas sin acceso a agua, comida ni asistencia.
Ante las críticas sobre las violaciones de derechos de los migrantes, refugiados y demandantes de asilo, Libia defendió ante el Consejo de Seguridad de la ONU su "rechazo categórico" al asentamiento en su territorio de migrantes "cuyo destino real era Europa".