En una decisión adoptada en su reunión del pasado noviembre, aunque no publicada hasta hoy, el grupo de expertos dictaminó que la detención del joven Jihad Maher Nafez Bani-Jaber contravino varios artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional sobre Derechos Políticos Civiles.
Bani-Jaber, arrestado por las fuerzas israelíes desde el 3 de mayo de 2022 (cuando tenía 16 años) hasta el 30 de agosto de 2023, antes de cumplir los 18, "tiene derecho a una compensación y otras formas de reparación de acuerdo con la ley internacional", destacó el informe del grupo de Naciones Unidas.
Los expertos también exigieron que Israel, cuyo Gobierno no ha respondido a sus demandas por ahora, investigue las circunstancias de esa detención y "tome las medidas apropiadas contra los responsables de la violación de derechos humanos de Bani-Jaber".
El joven fue arrestado por militares israelíes en su domicilio en Aqraba, una localidad al sureste de la ciudad cisjordana de Nablús, sin que mediara una orden de detención ni se informara de las razones.
Bani-Jaber, según el documento, recibió ese primer día amenazas y abuso verbal, se le apuntó con un rifle en la cabeza y con los ojos vendados fue llevado a un puesto de control militar antes de pasar trece días en aislamiento en el centro de detención e interrogatorios de la Agencia de Seguridad Israelí en Petah Tikwa, al este de Tel Aviv.
Tras meses de detención allí, se declaró culpable de haber ocultado información a las autoridades israelíes y condenado a cuatro meses de prisión, que por entonces ya había cumplido durante su arresto preventivo, aunque la pena fue prorrogada varias veces hasta superar el año y tres meses.
El grupo de trabajo recordó en su informe a Israel que "los niños en un conflicto, sin importar su culpabilidad o inocencia, tienen derecho a protecciones especiales bajo la ley internacional de derechos humanos", por lo que solo como último recurso puede autorizarse su detención.
También recordaron que otro grupo de expertos de la ONU, el Comité sobre los Derechos del Niño, ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por las frecuentes denuncias de tortura, maltrato y otras prácticas inhumanas o degradantes contra menores palestinos durante detenciones e interrogatorios.