La decisión fue adoptada el pasado 6 de febrero por un comité 'ad hoc' que falló a favor del inversor, una compañía japonesa de ingeniería y construcción que desarrolló dos plantas solares en Andalucía y que en 2015 llevó a arbitraje la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
En concreto, el laudo, dictado en noviembre de 2019 y más tarde recurrido por España, reconocía el derecho de JGC Holdings a recibir, en concepto de perjuicio, 11,59 millones de euros por la planta Solacor 1, y 11,92 millones por Solacor 2, situadas en la sureña provincia de Córdoba y en las que también participaba la firma española Abengoa.
No obstante, a esas cuantías, que en total suman 23,51 millones de euros, habría que añadir, además, intereses y costas.
El recorte retributivo, destinado, junto con otras actuaciones, a atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, formó parte de las políticas vinculadas a las renovables establecidas durante la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy (PP, centroderecha, 2011-2018) como el 'impuesto al sol', aprobado en 2015.
Los Tribunales Supremo y Constitucional de España rechazaron los recursos presentados por los inversores nacionales contra la rebaja de la rentabilidad.
Sin embargo, algunos inversores internacionales acudieron a las cortes de arbitraje, muchos al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, y denunciaron al Reino de España.