El citado comité sobre derechos humanos encuentra asimismo que la controvertida nueva legislación pondría en entredicho la reputación de este país a nivel internacional.
El polémico proyecto de ley se debate en detalle esta semana en la Cámara de los Lores (alta) aunque se espera una fuerte oposición, tras haber superado el trámite parlamentario en los Comunes (baja).
Detener la llegada irregular de botes con inmigrantes por el canal de la Mancha (entre Francia e Inglaterra) es una de las promesas clave del Gobierno del conservador Rishi Sunak, que diseñó el plan para enviarlos al país africano para que se diriman allí sus casos.
El citado informe sostiene que esa legislación podría ocasionar "un daño incontable" a la reputación del Reino Unido a nivel internacional.
"No nos convence que el Parlamento tenga ahora la seguridad de que Ruanda es un lugar seguro", indica el comité, que mantiene que los tribunales son "los mejores lugares" para resolver este tipo de cuestiones.
La legislación busca limitar la capacidad de los solicitantes de asilo para poder recurrir en contra de su envío a Kigali.
Según lamenta el informe, esa ley "invita abiertamente a la posibilidad de que el Reino Unido quiebre la legislación internacional", ya que permite que sea el gobierno el que decida si cumple con las regulaciones internas emitidas por los jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos.
"Este proyecto de Ley está diseñado para eliminar salvaguardas vitales contra la persecución y los abusos contra los derechos humanos, como el derecho fundamental a acceder a un tribunal", apunta la presidenta del comité conjunta, Joanna Cherry.
Según agrega, "la hostilidad hacia los derechos humanos figura en el corazón (de la ley) y ninguna enmienda lo puede salvar".
"Los derechos humanos no son barreras inconvenientes que deben superarse para alcanzar objetivos políticos, son protecciones fundamentales que aseguran que los individuos no son dañados por las acciones del Gobierno", dice.
El pasado mes, los ministros de Interior de Reino Unido, James Cleverly, y de Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, firmaron en Kigali un nuevo tratado para trasladar al país africano a migrantes que entren en territorio británico de manera ilegal a fin de legalizar el programa del Gobierno después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido -máxima instancia judicial del país- lo considerase ilegal el pasado noviembre.