En concreto, se impone un castigo de cinco años sin poder ejercer en ninguna empresa con la que hayan estado relacionados a aquellos ex altos cargos políticos o públicos que incumplan la prohibición actual de desempeñar funciones en alguna de esas compañías durante tres años.
Por su parte, las firmas que contraten a ex cargos políticos sin respetar la ley no podrán beneficiarse "de incentivos financieros o de sistemas de incentivos y beneficios fiscales de carácter contractual por un periodo de tres a cinco años".
La ley establece que los antiguos responsables políticos no pueden ocupar ninguna función en firmas que hayan tutelado, que hayan sido privatizadas o en las que hayan tenido una intervención directa durante su mandato.
Esta actualización de la norma fue aprobada en enero por el Parlamento y entrará en vigor tras su publicación en el Diario de la República.
En su comunicado, la Presidencia destacó "la importancia de reforzar la transparencia y los impedimentos inherentes al ejercicio de cargos políticos y altos cargos públicos".