El objetivo de estos arrestos es "silenciar a quienes han adoptado una clara posición" contra "el golpe de estado del 25 de julio de 2021", cuando Sais se arrogó plenos poderes, y "bloquear una iniciativa nacional en la que muchos de nosotros hemos estado trabajando por un congreso opositor para el diálogo político", explicaron los detenidos en un comunicado conjunto.
Los denunciantes son el activista constitucionalista, Jawhar Ben Mubarak; el exdiputado y secretario general del partido opositor Corriente Democrática, Ghazi Chaouachi; el antiguo dirigente del partido Attakatol, Khayam Turki; el exalto cargo del partido islamista Ennahda, Abdelhamid Jelasi; Isam al Shabi y Reda Belhaj.
"Un año entero ha pasado desde nuestros arrestos basados en un caso fabricado, carente de evidencias y elementos tangibles que justifican el arsenal de acusaciones que la Fiscalía adscrita al departamento judicial de lucha contra el terrorismo ha iniciado contra nosotros", declararon sobre sus imputaciones por cargos de "conspiración contra la seguridad del Estado".
Las acusaciones, por las que están en prisión preventiva, son "un ejemplo sorprendente de la política de facto adoptada por el régimen para deshacerse de la oposición y crear un vacío político tomando el control de la justicia y subordinarla totalmente la autoridad política", reprobaron.
Según la ONG Human Rights Watch (HRW) al menos 40 opositores o personas críticas con las autoridades de Túnez seguían en prisión el pasado mes de diciembre, la mayoría acusados de "conspiración contra la seguridad del Estado", desde que en febrero del pasado año se intensificaran las detenciones y procesamientos de prominentes activistas de diversa tendencia política.
El informe anual de HRW alertó de un retroceso en el Estado de Derecho tunecino en 2023: "el encarcelamiento de disidentes y el sometimiento del poder judicial son más graves hoy que en cualquier otro momento desde la revolución de 2011", que derrocó al dictador Zine el Abidine Ben Ali.