Tras conocerse que la aeronave dejó Buenos Aires la madrugada de este lunes, el Gobierno chavista emitió un comunicado en el que aseguró que "Venezuela, libre y soberana, dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el Derecho Internacional".
En el escrito, difundido en X por el canciller venezolano, Yván Gil, Caracas señaló que el traslado representa la consumación de un "robo descarado", luego de "la confabulación" entre Washington y Buenos Aires, que "de manera artera han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil".
Se trata, además, de una "vergonzosa operación de rapacería" que se suma a la lista de "agresiones delictivas" contra Venezuela ejecutadas por Estados Unidos y que incluyen, dijo, "el secuestro de activos" y "la aplicación de más de 930 sanciones ilegales".
El Estado venezolano insistió en que ejercerá "todas las acciones que permitan restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario".
El Departamento de Justicia estadounidense informó este lunes en un comunicado de que la aeronave fue "devuelta con éxito" para su entrega a las autoridades.
El Boeing 747 llegó este lunes al distrito sur de Florida desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en la localidad de Ezeiza, donde partió a la 01:30 hora local (04:30 GMT).
La aeronave fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur Cargo, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El avión llegó a Argentina el 6 de junio de 2022 con una tripulación de cinco iraníes y catorce venezolanos, que fueron retenidos inicialmente por la Justicia argentina y puestos en libertad por falta de pruebas en el delito de financiación de actividades terroristas.
La Justicia argentina había ordenado a principio de este año el decomiso del avión en respuesta a una solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, que pidió a las autoridades argentinas la confiscación de la aeronave, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.