En un comunicado, HRW recordó que las protestas de los pasados días 9 y 10 causaron al menos tres muertos, decenas de heridos y 271 detenidos.
"Las recientes muertes y lesiones de manifestantes no deberían dar lugar a más abusos", afirmó la investigadora principal de Human Rights Watch, Ilaria Allegrozzi.
"Las autoridades deberían controlar a las fuerzas de seguridad, investigar a los implicados en abusos y exigirles que rindan cuentas", enfatizó Allegrozzi.
Asimismo, indicó la ONG, las autoridades deben liberar a todos los detenidos por expresar sus opiniones políticas, garantizar el derecho a la libertad de reunión y poner fin a las agresiones a periodistas.
En Dakar, testigos dijeron a HRW que las fuerzas de seguridad dispersaron a cientos de manifestantes y otros ciudadanos "disparando balas reales y de goma, así como gases lacrimógenos a quemarropa".
El pasado 3 de febrero, a sólo tres semanas de las elecciones, el presidente de Senegal, Macky Sall, anunció el aplazamiento indefinido de los comicios, que ha sumido al país en una grave crisis política.
Dos días después, el Parlamento aprobó, con el apoyo del Gobierno, una ley que pospone las elecciones del 25 de febrero al 15 de diciembre.
La decisión de Sall, que ha agotado sus dos mandatos constitucionales y debería dejar la Presidencia este 2 de abril, desató fuertes protestas en las calles, a menudo dispersadas con dureza por la Policía.
El mandatario defendió la moratoria electoral por "la polémica sobre una candidata cuya doble nacionalidad (francesa y senegalesa) fue revelada tras ser publicada la lista definitiva", algo que la Constitución senegalesa no permite a los aspirantes presidenciales.
Ante el recrudecimiento de las manifestaciones, el Gobierno filtró a los medios en las últimas horas la posibilidad de aprobar este miércoles una amnistía general concerniente a las protestas antigubernamentales entre marzo de 2021 y 2023, y que fueron reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad.