Empresario implicado en corrupción en Puerto Rico, sentenciado a 30 meses de cárcel

San Juan, 2 abr (EFE).- El empresario Oscar Santamaría fue sentenciado este martes a cumplir dos años y medio (30 meses) de prisión, tras declararse culpable de pagar sobornos a varios alcaldes de Puerto Rico a cambio de contratos millonarios para sus compañías.

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El juez federal Raúl Arias Marxauch determinó que Santamaría deberá asimismo cumplir tres años de libertad supervisada, pagar una multa de 100.000 dólares y restituir 6 millones de dólares.

Arias Marxauch afirmó en la vista que la forma de actuar del empresario era pagar sobornos para obtener contratos con varios alcaldes, aunque solo se declaró culpable por el caso de corrupción del municipio de Cataño.

Previo a conocer su sentencia, Santamaría expresó su "mayor arrepentimiento" y dijo asumir "responsabilidad de las consecuencias" por sus actos.

A su salida del tribunal, no hizo declaraciones, pero su abogada María Domínguez señaló que esperaba una condena "más favorable" debido a la cooperación de su cliente con las autoridades federales.

Esta cooperación ayudó a la convicción de varios alcaldes, incluyendo los de Guaynabo, Cataño, Aguas Buenas, Trujillo Alto y Humacao, agregó la letrada.

Todos esos alcaldes fueron acusados y/o condenados por aceptar sobornos de empresarios como Santamaría a cambio de adjudicarles millonarios contratos de obras en sus municipios.

El dueño de las empresas Waste Collection, Island Builders y VIP Healthcare Solutions se declaró culpable en noviembre de 2021 de un solo cargo de conspiración, soborno con fondos federales y comisiones ilegales en el municipio de Cataño.

En esas fechas, admitió que sobornó al exalcalde de Cataño Félix 'El Cano' Delgado con pagos de 2.000 dólares semanales para lograr contratos con el municipio, que ascendieron a 49 millones de dólares.

'El Cano' Delgado fue condenado el pasado 13 de marzo a un año de prisión y tres de libertad supervisada por aceptar sobornos, una pena reducida debido a que llegó a un acuerdo de culpabilidad y cooperó con la Fiscalía federal para encausar a empresarios y políticos.

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