Las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia son tres ejemplos de disparidad con la Ley Estatal de Memoria Democrática, cuyo objetivo era mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975) a través de los principios de "verdad, justicia y reparación".
Esa ley buscaba también fomentar el conocimiento de aquellas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la transición democrática en España.
Las entrañas de la Ley
La norma aprobada en la pasada legislatura de Pedro Sánchez es sucesora de la de Memoria Histórica de 2007 que vio la luz durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y que establece que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura en España corresponderá al Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
Para ello, el Estado debía elaborar un mapa de localización de las personas desaparecidas y crear un banco de ADN de las víctimas de ambos periodos.
La ley declara ilegal tanto el régimen como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, y amplía la definición de víctimas, al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, así como las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Además, ordena crear un fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
También contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática y suprimir 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978.
La norma garantiza igualmente el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
¿Qué sucede en los textos autonómicos?
El pasado febrero el ejecutivo regional de Aragón, formado por la coalición entre el conservador Partido Popular (PP) y Vox (ultraderecha) derogó su ley autonómica y defendió que el plan de concordia alternativo reconocerá a todas las víctimas "sin distinción" a las de la Guerra Civil, la dictadura franquista y a las del terrorismo.
Algo similar ocurrió en Castilla y León, cuyo eje el ejecutivo regional registró el 26 de marzo la proposición de ley autonómica de Concordia, con el que busca "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978", equiparando a las víctimas del periodo democrático de la II República (1931-1936), con las de la Guerra Civil y las de la dictadura franquista.
A su vez, en la Comunidad Valenciana, el Gobierno conservador regional subraya que la nueva proposición de ley de la Concordia es una reforma dirigida a que "la libertad y la concordia avancen" frente a una "memoria sesgada", y que, según Vox, eliminará los términos "guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
En respuesta a estas propuestas autonómicas, el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este martes el Gobierno incluirá "de oficio" en la Ley Estatal todo lo que los ejecutivos autonómicos eliminen de sus leyes.
"Donde haya una normativa autonómica que es restrictiva con respecto a lo que son derechos internacionales y derechos humanos, el Gobierno de España lo incluirá en la Ley de Memoria Democrática", garantizó Torres, que invitó a los presidentes regionales a entender que la "reparación" de las víctimas que fueron "ejecutadas por defender un orden democrático" tiene que ser "un principio y un pilar fundamental que no haya discusión".