La norma, que supuestamente buscaba luchar contra el comercio ambulante, había desatado una ola de protestas tanto por parte del Gobierno como populares que llevaron a una movilización este lunes que concluyó con una mujer detenida y un guardia de seguridad y un periodista heridos.
La mujer, una ciudadana chilena en situación de calle, logró quitarle el arma a uno de los vigilantes de seguridad que trataba de esposarla y efectuar varios disparos, en un incidente que también ha puesto en duda la profesionalidad y formación de las compañías privadas que se han apropiado del negocio de la seguridad en Chile.
En este contexto, y con más protestas convocadas, la gerencia del complejo mayorista emitió este martes un comunicado en el que insistía en que todo el que pretenda entrar "deberá presentar la cédula de identidad válidamente emitida tanto para ciudadanos chilenos o extranjeros con RUT(carné de identidad) chileno”.
Pero precisaba que “aquellas personas que dispongan documentación legal que acredite identidad emitida en otro país, se adoptarán los protocolos para permitir su acceso conforme a las verificaciones correspondientes”.
“El acceso de personas indocumentadas o en situación migratoria irregular” seguirá prohibido, advertían.
La rectificación se produce escasas horas después de que el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se reuniera con responsables de Lo Valledor y la Vega Central para analizar los protocolos de seguridad e ingreso en sus recintos.
Tras el encuentro, Monsalve recordó que "el control de ingresos a recintos privados, el control vehicular y también el control de identidad es un derecho que hoy día está reglado en la sociedad chilena, que es el derecho de admisión".
Y anunció que "hemos acordado poder ir precisando en el trabajo conjunto lo que implica un documento de identidad válido para el Estado chileno, tanto para chilenos como para extranjeros, de manera que el control de identidad se puede hacer en torno a documentos válidos para el Estado chileno".
"Le hemos planteado a los representantes la posibilidad de avanzar en que quienes se desempeñan de manera regular al interior de los recintos y que tienen nacionalidad extranjera puedan ser empadronados exclusivamente por razones de seguridad".
Marcelo Araya, gerente de comunicaciones de Lo Valledor, aseguró, por su parte, que no se está tratando de criminalizar a las personas extranjeras relacionándolas con el aumento de los delitos, pero insistió en que "la situación hoy día nos permite plantear que es necesario, con mayor razón, un control a quienes ingresan al mercado mayorista.
"Nos vamos con mucha satisfacción en esta reunión que hemos sostenido junto a las autoridades de Gobierno y junto a los colegas de la Vega Central, como también con las autoridades que tienen que ver con el tema de la migración. Vamos con tareas por realizar, situaciones por analizar y revisar y ver qué ocurre efectivamente con el migrante que no está documentado", indicó.