El presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, levantó la sesión tras constatar la presencia en el recinto de 22 de los 23 legisladores requeridos por ley. La plenaria se había instalado unas tres horas antes con la presencia de 30 senadores.
La Cámara Alta, según el artículo 191 de la Constitución, debe examinar el mérito del sumario y, por mayoría de dos tercios, resolver si aprueba o no el desafuero.
Abdo Benítez y ocho exfuncionarios fueron acusados el pasado 11 de marzo por dos fiscales por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, declaración falsa y simulación de un hecho punible, entre otros, como parte de un supuesto "esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento", entre ellas el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) y el actual presidente, Santiago Peña.
Cartes encabeza el movimiento Honor Colorado -el mismo que respaldó la candidatura presidencial de Peña- y derrotó a Abdo Benítez en las primarias partidarias de diciembre de 2022, en la que disputaban la jefatura del coloradismo.
El exmandatario denunció a mediados del año pasado que era víctima desde 2018 -cuando Abdo Benítez llegó al Ejecutivo- de una presunta "persecución" por parte de "personas en el ejercicio del poder político".
La acusación contra Abdo Benítez es parte de la investigación abierta tras la querella de Cartes.
Durante el debate, opositores y algunos integrantes del oficialismo, entre ellos la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, Lilian Samaniego, se opusieron a la aprobación del pedido de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera de despojar al exmandatario del fuero como senador vitalicio.
Samaniego consideró que la imputación contra Abdo Benítez está, "como mínimo, contaminada por circunstancias que empañan la credibilidad de la misma" y, sobre todo, "por la investigación que la precedió".
Aludió así a unos supuestos chats de WhatsApp divulgados por la prensa entre uno de los fiscales que acusó a Abdo Benítez y Pedro Ovelar, el abogado de Cartes, en los que al parecer intercambian información, archivos, entre otros.
La filtración derivó en el retiro de ambos fiscales de la investigación. Ovelar ha negado la veracidad de las presuntas conversaciones.
En la plenaria, el legislador colorado Derlis Maidana se pronunció a favor del desafuero y llamó a "no obstruir una investigación penal".
Maidana puntualizó que la investigación "se está llevando con las garantías del debido proceso", e indicó que el exgobernante y los demás imputados "tienen el lujo de tener a los mejores abogados y estudios jurídicos" del país.
La senadora Yolanda Paredes, del independiente Partido Cruzada Nacional, criticó, entretanto, este proceso.
"Esta es una cuestión particular, familiar, que tiene Horacio Cartes contra Mario Abdo Benítez y no tiene el derecho a usar el Senado de la Nación para sus cuestiones personales", espetó a periodistas.