La ONU lamenta que Uganda mantenga su ley anti-LGBTI y pide que sea derogada al completo

Ginebra, 3 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó este miércoles la decisión de la Justicia ugandesa de mantener la controvertida ley anti-LGBI aprobada en 2023, y pidió que sea derogada "en su totalidad, junto a otras leyes discriminatorias".

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"Cerca de 600 personas han sufrido violaciones de derechos humanos y abusos en base a su identidad de género u orientación sexual desde que la ley entrara en vigor el pasado año", subrayó el alto comisionado austríaco en un comunicado.

"Debe ser completamente derogada o, desafortunadamente, ese número no hará sino aumentar", agregó.

Aunque reconoció que viola algunos derechos, el Tribunal Constitucional de Uganda rechazó este miércoles un recurso para anular la controvertida ley aprobada en mayo del pasado año, que agrava la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales).

El texto legal incluye largas penas de cárcel y castiga con la pena de muerte la "homosexualidad agravada", término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables.

"La criminalización y la aplicación de la pena de muerte a relaciones entre personas del mismo sexo consentidas son algo contrario a las obligaciones de Uganda con los tratados internacionales de derechos humanos", señaló al respecto Türk.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas recalcó que las autoridades ugandesas "deben defender los derechos y la dignidad de todos, sin importar su orientación sexual o identidad de género".

La ley fue apelada por un parlamentario y por el activista ugandés Frank Mugisha, entre otros, quienes pueden ahora presentar otro recurso ante el Tribunal Supremo del país.

Organizaciones de la sociedad civil ugandesa han denunciado el aumento de los abusos contra las personas LGBTI en el país a raíz de los debates en el Parlamento y la aprobación de la norma.

Los miembros del colectivo se enfrentan en el país africano a desahucios, despidos, palizas y otras formas de discriminación, lamentan los activistas.

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