"Las palabras de Albanese de (pedir) 'plena responsabilidad' para los causantes de la muerte de (la australiana) Zomi Frankcom y otros seis trabajadores humanitarios (...) son huecas a menos que la CPI lleve a cabo esa investigación", apuntó AI en un comunicado en referencia a este tribunal que procesa a individuos por genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.
En una misiva enviada hoy, AI también urgió a Albanese a que "apoye públicamente la investigación en curso de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados" abierta desde 2014.
La australiana, trabajadora de la oenegé del chef español José Andrés World Central Kitchen (WKC), fue asesinada el martes junto a otros seis compañeros de la misma organización cuando el vehículo en el que viajaban fue alcanzado por un ataque aéreo israelí.
A raíz de este incidente, el primer ministro australiano ha elevado el tono con Tel Aviv y este miércoles afirmó que las justificaciones aportadas por Israel, que argumenta que el ataque fue un error de identificación consecuencia de la guerra, "no son suficientes" al reiterar la necesidad de rendición de cuentas.
"No hay ninguna posibilidad de que las autoridades israelíes lleven a cabo una investigación independiente y creíble que conduzca a la justicia para Zomi Frankcom ni para ninguno de los trabajadores humanitarios asesinados", dijo el portavoz de AI Australia, Mohamed Duar, al apoyar la reivindicación de la familia de Frankcom para que se realice una investigación independiente.
AI se suma así a otras organizaciones humanitarias, como Caritas Australia, Oxfam Australia, Save the Children Australia, entre otras, que condenaron la víspera el ataque contra el equipo de WCK y pidieron al Ejecutivo de Camberra usar "todos sus medios diplomáticos" para asegurarse que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario, entre otros asuntos.
Según datos de la ONU, casi 200 empleados humanitarios han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra el 7 de octubre pasado, en la que han perdido la vida más de 32.620 civiles, entre ellos 13.000 menores.