El Gobierno español llevará a la ONU y UE la acción de la derecha contra leyes de memoria

La memoria histórica vuelve a crear polémica en España después de que varias regiones del país con gobiernos autonómicos encabezadas por la derecha y la ultraderecha pretendan derogar las leyes de memoria que tenían y aprobar otras, al margen de la española, como ocurrió ya en Aragón, que derogó su ley autonómica y defendió un plan de concordia alternativo, o los ejecutivos regionales de la Comunicad Valenciana y de Castilla y León, que anunciaron también cambios.

Fuentes del Gobierno progresista, encabezado por el partido socialista, avanzaron este jueves que, además de su intención de llevar estas leyes al Tribunal Constitucional, recurrirán al relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y al relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas normas con "las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos".

Además, el Ejecutivo promoverá el debate sobre estas leyes en el pleno del Parlamento europeo a través del grupo parlamentario socialista y se pondrá en contacto con el Consejo de Europa (organización intergubernamental de la que forman parte 46 estados europeos) para alertar de la "posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos".

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Entre otros aspectos, el Gobierno impulsará un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar las ley de memoria derogada en Aragón y las de "concordia" presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

También contactará con la secretaría general del Consejo de Europa y el comisario de Derechos Humanos para informarles de la "gravedad de la situación" y solicitará un informe sobre la situación de la memoria democrática en España.

Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y el partido regionalista PAR y defendió que el plan de concordia alternativo reconocerá a todas las víctimas "sin distinción", a las de la Guerra Civil, la dictadura franquista y a las del terrorismo.

A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los "términos guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas.

En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.

Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido en el periodo que va de la Guerra Civil (1936-1939) y la Constitución española de 1978, es decir, la dictadura franquista, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.

La actual Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, tiene como objetivo mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura franquista a través de los principios de "verdad, justicia y reparación", y busca también fomentar el conocimiento de aquellas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la transición democrática en España.

Por otra parte, todas las regiones españolas excepto Madrid, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha tienen leyes de memoria propias y, más allá de los casos ya conocidos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, también hay riesgo de que estas normas sean eliminadas en Baleares y Cantabria por iniciativas de PP y Vox.