"Este es un intento descarado de silenciar a los medios. Cerrar un medio de comunicación es un paso característico de algunos de los gobiernos más represores del mundo", dijo el grupo en un comunicado.
La FPA animó a las autoridades a revertir su decisión, y alertó de que de no hacerlo establecerían un precedente peligroso que podría llevar al cierre de más medios extranjeros.
Este lunes, la Knéset (Parlamento israelí) aprobó una ley que prohíbe de forma temporal la retransmisión en Israel de cualquier medio extranjero que "dañe la seguridad del Estado", y que busca limitar las informaciones sobre la guerra en Gaza del canal catarí.
Conseguir información de primera mano sobre qué está sucediendo en el devastado enclave palestino resulta difícil, debido a que Israel impide la entrada de prensa internacional en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 33.000 personas.
Al Yazira es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja, y desde octubre ha informado sobre bombardeos de hospitales, ataques contra edificios residenciales y la muerte de gazatíes no armados, lo que según expertos podrían ser crímenes de guerra.
Además, varios de sus periodistas, como Hamza Wael Dahdouh o Mustafa Thuria, han perdido la vida en bombardeos israelíes. Otros corresponsales estrella como Wael Dahdouh han visto morir a la mayoría de sus familiares, incluido su hijo primogénito y también reportero, Hamza.
La 'Ley Al Yazira' otorga al ministro de Comunicaciones de Israel el poder de ordenar a los "proveedores de contenidos", por un plazo renovable de 45 días, el fin de su retransmisión desde el país, además del cierre de sus oficinas, la confiscación de sus equipos y el bloqueo del servidor de su página web.
Según detalla el proyecto de ley, la orden para cerrar un canal de noticias extranjero debe presentarse a revisión judicial en un tribunal de distrito, que debe decidir en 72 horas si desea modificar o acortar el período de la orden.
El mismo día en que se aprobó la ley, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, pidió al Gobierno israelí abandonar la medida, que calificó de "amenaza" para la prensa extranjera en el país.