La antigua presidenta del Tribunal Supremo, Brenda Hale -que en 2019 declaró ilegal la suspensión del Parlamento por el entonces gobernante Boris Johnson- o Mark Summers -abogado del fundador de WikiLeaks, Julian Assange- están entre los firmantes de una carta fundamentada en argumentos legales.
Los signatarios, algunos de los cuales ya suscribieron otra misiva el pasado 26 de octubre, reclaman al Gobierno británico que actúe para evitar ser cómplice en una presunta violación de la legislación internacional, mientras crece también la presión de la oposición política y los ciudadanos en este país para penalizar a Israel.
Además de detener la venta de armas y sancionar a las autoridades o entidades israelíes que hayan incitado al genocidio, los expertos legales instan a trabajar "activa y eficazmente para garantizar un alto el fuego permanente en Gaza" y el acceso seguro a ayuda humanitaria alimentaria y médica.
Esto incluye "confirmar que la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNWRA, en inglés) se restablecerá con efecto inmediato", tras ser suspendida por varios países en enero al acusar Israel a algunos de sus trabajadores de haber colaborado con Hamás en el atentado del 7 de octubre en territorio israelí.
Los firmantes también reclaman suspender las negociaciones con Israel para un nuevo acuerdo comercial y considerar la imposición de sanciones comerciales.
El Partido Nacional Escocés (SNP) -gobernante en Escocia y tercera fuerza política del Parlamento británico- y el Liberal Demócrata -cuarta fuerza- pidieron el miércoles la suspensión de la venta de armas, después del ataque israelí a un convoy de ayuda humanitaria el pasado lunes, en el que murieron siete personas, entre ellas tres británicos.
El SNP reclamó además al presidente de la Cámara de los Comunes (baja), Lindsey Hoyle, que convoque una sesión de forma urgente para debatir el asunto, antes del fin del receso de Semana Santa, que concluye el 15 de abril.
El Partido Laborista, primero de la oposición, ha pedido al Gobierno que publique el asesoramiento legal sobre los actos de Israel y que detenga la venta de munición si se confirma que ha infringido la ley humanitaria internacional.
Más de 200.000 ciudadanos se manifestaron el pasado fin de semana en Londres pidiendo un alto el fuego en Gaza, la undécima protesta desde que Israel declaró en octubre la guerra en Gaza, en la que han muerto ya 32.916 palestinos.
Sunak adujo el miércoles que el Reino Unido tiene "un sistema muy riguroso" de aprobación de licencias de exportación de armas, y el ministro de Empresa, Greg Hands, apuntó que las ventas a Israel fueron por solo 42 millones de libras (49 millones de euros) en 2022, un 0,02 % de las importaciones militares del país ese año.
Según el grupo de presión Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT), el Reino Unido ha autorizado licencias para la venta de armas a Israel por más de 574 millones de libras (669 millones de euros) desde 2008, cuando se pusieron a disposición datos oficiales a nivel de país. De acuerdo con la BBC, las cifras británicas son muy inferiores a Alemania o Italia, además de Estados Unidos.