Sindicatos finlandeses anuncian una tregua para facilitar el diálogo con el Gobierno

Helsinki, 4 abr (EFE).- La Organización Central de Sindicatos de Finlandia (SAK) anunció este jueves una tregua en la disputa que mantiene con el Gobierno desde el pasado 11 de marzo, por lo que no convocará nuevas huelgas para facilitar el diálogo con el Ejecutivo en torno a su plan de reformas.

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Con esta decisión, SAK se compromete a poner fin el próximo domingo a la huelga que ha paralizado durante cuatro semanas el comercio exterior y parte de la producción industrial del país nórdico, un conflicto que ha causado ya cerca de 2.000 millones de euros en pérdidas, según cálculos de la patronal.

El Gobierno que dirige el primer ministro conservador, Petteri Orpo, se había negado a entablar cualquier tipo de negociación con los sindicatos mientras estos mantuvieran los paros.

El secretario general de SAK, Jarkko Eloranta, señaló en un comunicado que el objetivo de esta tregua es dar "margen de maniobra" al Ejecutivo para que acceda a negociar su plan de reformas laborales y recortes sociales.

"El programa del Gobierno responde exclusivamente a los deseos de los empresarios. Ahora existe la oportunidad de encontrar un equilibrio. La pelota está en el tejado del primer ministro", afirmó Eloranta.

Cerca de 7.000 trabajadores mantienen desde hace cuatro semanas una huelga que afecta sobre todo al transporte de mercancías por ferrocarril y a los puertos marítimos, claves para los sectores exportadores, y han provocado problemas en la distribución de combustible en gasolineras y aeropuertos.

Esta huelga es un paso más dentro de las movilizaciones convocadas de forma intermitente desde mediados de diciembre de 2023 en el país nórdico, en protesta por la reforma del mercado laboral y el recorte de las prestaciones sociales impulsada por el Gobierno.

Entre otras medidas, el Ejecutivo quiere limitar a un solo día la duración de las huelgas políticas y facilitar que los convenios sectoriales no sean vinculantes para todas las empresas, lo que reduciría sensiblemente la capacidad negociadora de los sindicatos.

Además, planea recortar las prestaciones por desempleo, facilitar el despido y la temporalidad y permitir que el primer día de baja por enfermedad no sea remunerado, con el objetivo de sanear las finanzas públicas e incentivar la creación de empleo.

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