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"Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los derechos humanos. Auditar el 'curro' (estafa) de los derechos humanos que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones", escribió la vicepresidenta en sus redes sociales.
De acuerdo con un comunicado compartido este lunes por el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se hallaron “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, por ende, llevarán adelante una “auditoría integral” de todos los amparos a las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
El documento tomó de ejemplo el caso de Adrián Martínez Moreira, que fue procesado en 2023 por asociación ilícita, fabricar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reparación, así como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos.
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La causa judicial inició en agosto de 2021, durante la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023), con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que reunió información sobre estas maniobras fraudulentas, como querellante.
"Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del presidente Javier Milei", agregó la vicepresidenta, en consonancia con sus discursos cuando todavía era candidata por el partido de La Libertad Avanza.
Según Cúneo Libarona, la estafa habría creado 100 casos apócrifos, que reclamaron pagos por 150.000 mil dólares en cada presentación, unos 15 millones de dólares en total.
Las compensaciones económicas fueron incluidas en leyes promulgadas entre 1991 y 2013, pagándose una vez la Justicia argentina comprobaba el daño sufrido por sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura.
Tanto Milei como Villarruel, en campaña y ya en el Gobierno, negaron en múltiples ocasiones la existencia de 30.000 desaparecidos durante la época de la Junta Militar argentina.
El comunicado difundido por el Ministerio de Justicia “articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan” y perseguirá “la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.