Familiares, amigos y vecinos acudieron a despedir los restos de los tres agentes en las ceremonias casi simultáneas que se celebraron por separado en sus respectivas localidades –Lebu, Los Álamos y Curanilahue, 600 kilómetros al sur de la capital–, profundamente remecidas por lo ocurrido.
"Esto es algo que nunca habíamos visto, un tipo de situación terrible. Está complicada la zona, se ve complicado todo, esto no tiene nombre para mí", dijo a Efe Gabriel Casto, un amigo cercano a la familia de unos de los policías asesinados.
El presidente chileno, Gabriel Boric, quien ha insistido en enfrentar esta situación con "unidad política", viajó al sur del país para asistir a uno de los actos, que inició con el responso en el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Curanilahue, para luego trasladar el cuerpo en un emotivo cortejo fúnebre hasta el cementerio del municipio, donde se celebró un ritual privado.
Se trata del peor ataque contra Carabineros, la Policía militarizada del país, en la historia reciente, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma como habrían sido muertos los agentes, según apuntan las primeras investigaciones.
Tanto las autoridades políticas como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, han recalcado que el atentado tiene "un modus operandi que no corresponde con la violencia rural" que vive la zona sur del país y que "lo vivido (la madrugada del sábado) fue totalmente distinto".
"No descansaremos, tenemos que hacer justicia por estos tres chilenos que entregaron su vida por estar donde la gente lo necesitaba", dijo Yáñez al salir de uno de los funerales.
Las regiones del Bio Bío y La Araucanía son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
Desde mayo de 2022 las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios. Esta situación se combina ahora con una crisis de seguridad que atraviesa el país y que ha provocado un aumento de los delitos violentos y del crimen organizado.
El ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos ocurrió en la localidad de Cañete, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro. Murieron calcinados un sargento y dos cabos que, de manera póstuma, fueron ascendidos al rango de suboficial mayor.
El golpe a la institución policial se produce justo cuando se cumple un año de otra crisis también provocada por los asesinatos de tres carabineros ocurridos en menos de 21 días.
Este episodio impulsó una agenda legislativa en materia de seguridad que otorga más atribuciones a los policías en el uso de armas y parte de la cual sigue su tramitación en el Congreso.