La oposición italiana lleva al Supremo un proyecto de ley para salario mínimo de 9 euros

"Nos habíamos comprometido con millones de trabajadores mal pagados. Dijimos que no nos rendiríamos ante el no de Giorgia Meloni, capaz de proponer sólo sobornos electorales para unos pocos en lugar del derecho a un salario digno para todos", expresó en sus redes sociales el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte.

El proyecto de ley popular fue entregado por una delegación del Partido Demócrata, del M5S y Alianza Verdes e Izquierda y ahora se iniciará una recogida de firmas para poder presentarla ante el Parlamento.

"Reforzar los convenios colectivos y establecer que por debajo de 9 euros la hora no es trabajo sino explotación. Porque es necesaria esta ley de civismo, a pesar del boicot del Gobierno Meloni", afirmaron en una nota conjunta.

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"La batalla para garantizar a millones de trabajadores un salario mínimo decente es una batalla que nunca ha cesado para nosotros. En el Parlamento y en el país nos enfrentamos al ostracismo de una derecha que piensa en todo menos en aumentar los salarios de los italianos", expresó el líder de la Alianza Izquierda Verde, Nicola Fratoianni, delante del Supremo.

El proyecto de ley que había presentado la izquierda en el Parlamento se encontraba en examen en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero fue eliminado por una enmienda presentada por el bloque derechista gubernamental, el de los Hermanos de Italia de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, dirigida por Antonio Tajani.

Según la oposición con datos del Instituto Nacional de Estadística, "una eventual introducción de un salario mínimo de 9 euros por hora habría beneficiado a 3,6 millones de trabajadores pobres".

En Italia es posible presentar un proyecto de ley de iniciativa popular, que tras la recogida de 50.000 firmas será presentado al presidente de una de las dos Cámaras.

El procedimiento de recogida de firmas comienza con la presentación de la iniciativa legislativa en la secretaría del Tribunal de Casación por al menos diez promotores y las firmas solicitadas deberán recogerse en un plazo máximo de seis meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta al Parlamento.