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Los nueve funcionarios habían sido detenidos y sometidos a un interrogatorio por la Fiscalía General, que les acusó también de "registrar dados falsos" y "falsificar documentos", según la fuente.
"Las investigaciones (...) revelaron que uno de ellos registraba su asistencia y salida de su lugar de trabajo utilizando la tarjeta de trabajo de cada uno de los imputados, la cual consta en las declaraciones oficiales aprobadas por la entidad de que se encuentran presentes en su trabajo", dijo el comunicado de la Fiscalía.
"De este modo, los imputados han cometido delitos de apropiación de caudales públicos, falsificación y uso de documentos oficiales, actos que constituyen delitos sancionados con pena de prisión y multa según la ley", añadió sin precisar la condena estipulada por ley.
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