Investigación a ex primer ministro abre nuevo frente de conflicto en el Ejecutivo peruano

Lima, 7 may (EFE).- El Gobierno de Perú afronta un posible nuevo frente de conflicto tras la petición que ha hecho la Procuraduría General de la República para que se investigue al ex primer ministro Alberto Otárola por un presunto caso de vigilancia irregular al contralor general de la República, Nelson Shack.

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Después de la que Procuraduría informara este lunes de que ha pedido a la Fiscalía que inicie diligencias preliminares contra Otárola, el ex primer ministro exigió al Ejecutivo la misma celeridad para investigar otros casos.

Este domingo, tras conocerse la denuncia de la posible vigilancia al contralor, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, declaró que el Gobierno reclamaba una investigación inmediata.

"Instamos a la Fiscalía de la Nación a que actúe contra aquellos que resulten responsables", enfatizó antes de señalar que el Gabinete de ministros no tuvo conocimiento previo de la denuncia de Shack.

Otárola usó en un primer momento la red social X para afirmar que "la ciudadanía también espera" que el ministro Arana "anuncie la misma celeridad" en la investigación de otra denuncia sobre un presunto seguimiento a un ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Posteriormente declaró a la emisora RPP que la petición de la Procuraduría es "una decisión política" de Arana y aseguró que la contraloría "no presentó ningún documento oficial" sobre el supuesto seguimiento a Shack.

“Parece que alguien en el Gobierno quiere que yo vaya a la Fiscalía a que me hagan preguntas”, comentó.

La solicitud de la Procuraduría fue enviada este lunes al fiscal general interino, Juan Carlos Villena, y pide incluir a Otárola junto con el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINI), Roger Arista, en pesquisas por la presunta comisión de los delitos de peculado de uso y otros.

Añadió que la petición "se basa en información periodística y recabada de portales institucionales de la cual se desprende el presunto uso indebido de vehículos y recursos humanos asignados a la DINI", una dirección adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La Contraloría General, que encabeza Shack, es la entidad responsable de supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.

El diario La República informó este domingo de que miembros del equipo de seguridad del contralor "detectaron la presencia de personas extrañas" que vigilaban sus movimientos desde dos vehículos y también divisaron un dron, aparentemente operado por esas mismas personas, en las cercanías de la vivienda del funcionario.

Según la información revelada por el rotativo, los agentes de seguridad de Shack verificaron que las placas de los automóviles sospechosos "estaban a nombre de una empresa vinculada" con la DINI y que Shack "informó del grave caso" a Otárola cuando era presidente del Consejo de Ministros, pero éste "se fue del gobierno", a inicios de marzo pasado, "sin haber esclarecido el caso".

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