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"Me cuesta creer que Rusia no vaya a interferir, bien directamente buscando el descrédito de determinados candidatos o intentando crear un clima de opinión. Pero creo que no lo va a conseguir. Estamos más inmunizados", dice a EFE el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos.
Los intentos de alterar los procesos democráticos en la Unión Europea no son nuevos, como tampoco lo es la propaganda. Pero el contexto geopolítico y el desarrollo tecnológico aupan ese fenómeno a un nivel sin precedentes y "va a seguir creciendo" con la inteligencia artificial como "una de las grandes amenazas", añade Zarzalejos.
Moscú redobló el uso de ese arma híbrida para apuntalar la narrativa rusa en la invasión de Ucrania, lo que derivó en la prohibición de difusión en la UE a las plataformas RT y Sputnik, controladas por el Kremlin.
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También contribuye a amplificar el fenómeno el desarrollo del ecosistema digital y el hecho de que sembrar confusión es un método asequible y eficaz para debilitar al rival, como sugiere que hayan aflorado operaciones vinculadas a India, Turquía, Irán, Corea del Norte o Venezuela.
"Sale bastante barato", apunta Zarzalejos, vicepresidente de la comisión especial del Parlamento Europeo sobre la interferencia extranjera en los procesos democráticos de la UE, para quien la desinformación "es en cierto modo la nueva carrera armamentística".
El popular aboga por "afinar mucho más los mecanismos de atribución (...) y actuar en consecuencia", por ejemplo, abordando la desinformación desde el derecho internacional y con sanciones.
La UE procura contrarrestar las intromisiones malintencionadas de actores geopolíticos e intenta hacer más responsables a vehículos de difusión como Facebook o X.
"No podemos aceptar que se monetice la desinformación", razona Zarzalejos.
Caballo de Troya
Este fenómeno relativamente nuevo se añade a técnicas de inteligencia clásicas, como el espionaje.
En abril, la policía detuvo en Dresde a un asistente del diputado del Parlamento Europeo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Maximilian Krah, en lo que la Fiscalía describe como "un caso especialmente grave de trabajar para un servicio secreto extranjero".
Krah habría cobrado para enviar a China información y para espiar a opositores chinos en Alemania.
En enero, la Eurocámara abrió una investigación a la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, acusada de trabajar al menos 13 años para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia.
Son sólo las últimas gotas en el vaso de las interferencias en un quinquenio en el que los eurodiputados denunciaron en numerosas resoluciones las maniobras de Rusia y China, en particular.
El fenómeno se reproduce a escala doméstica. Bélgica indaga sobre presuntos intentos chinos de piratear los ordenadores de varios diputados de su Parlamento Federal y, en paralelo, investiga si el espionaje chino captó a miembros del partido extrema derecha Vlaams Belang.
Pegasus
Otra de las peculiaridades de la legislatura es el programa informático espía israelí Pegasus, bajo investigación judicial en varios Estados miembros por injerencias foráneas a nivel doméstico, como Francia o España, y que salpicó a la Eurocámara ante el presunto espionaje a independentistas catalanes.
El Parlamento Europeo pidió que se refuerce la legislación, con mención especial a Hungría, Polonia y Grecia, y ofreció revisar los teléfonos móviles de los diputados para evitar "software" espía.
Maletas con dinero
Pero las injerencias también se canalizan a través de maletas de dinero, que también sirven para sincronizar sensibilidades entre cargos electos y Gobiernos extranjeros.
En diciembre de 2022, una investigación judicial belga reveló una presunta trama de sobornos orquestada por varios eurodiputados y afines para favorecer los intereses de Catar, Marruecos y Mauritania.
El escándalo golpeó de lleno a la eurodiputada socialdemócrata griega Eva Kailí, entonces vicepresidenta de la Eurocámara, quien pasó cuatro meses en prisión preventiva después de que la policía encontrara grandes cantidades de efectivo en su domicilio y detuviera a su padre huyendo de un hotel bruselense con una maleta llena de billetes.
El caso, aún en manos de la justicia belga, hizo que la Eurocámara reforzara sus normas de transparencia, aunque no lo suficiente, según la Defensora de Pueblo Europeo.