"Raqabah expresa preocupación por la frecuencia de tales decisiones y cree que podrían perder su carácter excepcional y convertirse en aumentos permanentes de las asignaciones parlamentarias", señaló la organización en un comunicado.
Esta resolución, adoptada el pasado jueves, es la segunda de este tipo después de la aprobada en octubre de 3.000 dinares para los gastos de desplazamiento y alojamiento de un trimestre y que fueron transferidos de los fondos para la administración. Dicha medida, subrayó, incumple el presupuesto oficial de la cámara así como las retenciones de IRPF.
Por ello, pidió a la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP) mayor transparencia en la gestión de las finanzas públicas que, según el presupuesto anual de este año, ha fijado una partida de 10.544 millones de dinares (3.100 millones de euros).
En declaraciones al diario digital Réalités Online, la diputada Fatma Mseddi explicó el lunes que se trata de cubrir necesidades laborales como la adquisición de computadores ya que el Parlamento no había previsto un presupuesto para este tipo de gastos.
La ARP permaneció cerrada durante 20 meses después de que el presidente Kais Said se hiciera con plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social" y ordenara su disolución y el cese del Gobierno.
Tras su reapertura en marzo del pasado año y bajo la nueva Constitución- votada en 2022 en referendo popular pese al 70 % de abstención-, sus prerrogativas fueron limitadas ya que puede nombrar al Ejecutivo ni presentar una moción de censura contra éste o el jefe del Estado.
Desde el pasado mes comparte el poder legislativo con una segunda cámara: el Consejo Nacional de Regiones y Distritos (CNDR), cuyas únicas funciones son aprobar los presupuestos generales del Estado y examinar los planes de desarrollo estatales mientras el trabajo de sus miembros es voluntario al no contar con una remuneración económica.