“Aunque se han conseguido algunas reformas legales importantes, el progreso ha sido lento, inconsistente y obstaculizado por reveses, falta de voluntad política y una implementación débil”, señaló Equality Now en un comunicado.
Así, “los impactos de las leyes de familia discriminatorias pueden ser profundos, poner a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género, y dejarlas más dependientes y vulnerables, incluso restringiendo sus oportunidades económicas y reduciendo su poder de toma de decisiones”, añadió la organización.
La organización observó esos problemas en los veinte países analizados: Argelia, Angola, Botsuana, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo (RDC), Egipto, Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Gambia y Túnez.
Es “preocupante” que países como Camerún, Nigeria, Senegal, Sudán del Sur, Sudán y Tanzania “todavía permitan el matrimonio infantil”, mientras en Argelia, Angola, Botsuana, Burundi, Etiopía, Sudáfrica y Túnez “existen excepciones”, aunque la edad legal para contraer matrimonio son los 18 años, según la ONG, que defiende la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Además, la “violación conyugal” no está penada en Argelia, Kenia, Sudán y Gambia, y en el norte de Nigeria el código penal llega a admitir la agresión “correctiva” dentro del matrimonio.
Equality Now celebró que Costa de Marfil, Mozambique y Sudáfrica penalizasen la violación conyugal, pero señaló la necesidad de que se introduzcan campañas de concienciación, servicios de apoyo accesibles para las supervivientes y la aplicación efectiva de la ley.
Asimismo, advirtió de “prácticas tradicionales dañinas, como la herencia de las viudas y el matrimonio por sustitución, que tratan a las mujeres como una propiedad”.
“Es especialmente preocupante que en la mayoría de los países donde los poderes judiciales nacionales y los órganos judiciales de la Unión Africana (UA) han pedido explícitamente reformas legales, los gobiernos no hayan implementado esos cambios”, lamentó una de las autoras del informe, Esther Waweru.
“Para salvaguardar a las mujeres y las niñas, es imperativo que todas las naciones promulguen rápidamente marcos legislativos y políticos sólidos que se alineen con las obligaciones internacionales y regionales de derechos humanos”, añadió Waweru.