El último de ellos un gendarme que recibió un disparo en la cabeza y no sobrevivió a las heridas, un símbolo de la extrema violencia que se vive en el archipiélago con enfrentamientos entre grupos de jóvenes fuertemente armados y las fuerzas del orden, que contaron un centenar de heridos.
Ante ello, Macron ordenó decretar el estado de emergencia, una medida de excepción que restringe las libertades y que permitirá a los autoridades durante doce días una mayor discreción en la aplicación de la ley, con decisiones como la prohibición de manifestaciones, el cierre de lugares públicos o la imposición de arrestos domiciliarios preventivos.
Junto a ello, el Ejecutivo anunció el envío de refuerzos policiales porque para restablecer el orden, al tiempo que el presidente prometía ser "implacable" contra quienes lo están subvirtiendo.
Macron liberó su agenda y reunió un gabinete de defensa para tratar de encauzar una situación que se le está escapando de las manos hasta el punto de que su delegado en el territorio, Louis Le Franc, la calificó de "insurreccional".
El presidente anuló también los actos previstos para este jueves para seguir desde el Elíseo la evolución de la situación con otra reunión de su gabinete de crisis, muestra de que toma medida de la gravedad de la crisis.
La firmeza no ha dado por ahora frutos, pese a que se han llevado a cabo 140 arrestos. Edificios y vehículos incendiados, casas atacadas, asaltos a tiendas están provocando el caos y el miedo entre los habitantes, sobre todo los originarios de Europa, en el punto de mira de la ira de los autóctonos.
Estos protestan por la adopción en París de una reforma constitucional que persigue desbloquear el censo electoral fijado en 1998 para evitar que los 'kanakos' perdieran peso demográfico.
El Gobierno pretende ahora que se puedan inscribir, además de ciudadanos autóctonos, los asentados desde hace al menos diez años en el territorio, lo que va a diluir a la población indígena, la más partidaria de la independencia.
Es una consecuencia de que París diera por terminado el proceso de autodeterminación tras haber celebrado tres referéndum, todos ellos favorables a que Nueva Caledonia permaneciera en Francia, aunque el último, de diciembre de 2021, fue boicoteado por los separatistas.
Llamamiento al diálogo
En paralelo a la firmeza, Macron tendió la mano a los independentistas, a quienes agradeció su llamamiento a la calma en el terreno, al tiempo que ordenó al primer ministro convocar en París a los representantes de todos los partidos del territorio.
Un diálogo que acompañó de un gesto, el de retrasar el Congreso que debe refrendar la reforma constitucional para dar espacio a esas negociaciones.
La crisis de Nueva Caledonia se ha colado en la disputa política francesa, en vísperas de unas elecciones europeas en las que la candidata macronista pena en los sondeos.
La principal figura de la extrema derecha, Marine Le Pen, exigió que Macron "restablezca el orden y la seguridad" sin las cuales, dijo, "no puede haber diálogo ni negociaciones".
Todo lo contrario que el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que exigió retirar la reforma constitucional como gesto para destensar la situación y "salvar más vidas".
En medio de ese debate, el primer ministro, Gabriel Attal, se comprometió a fijar lo antes posible una fecha para retomar el diálogo, al tiempo que defendió la reforma constitucional que, dijo, "es fruto de la negociación".
Los testimonios sobre el caos en el que vive Nueva Caledonia son constantes y describen un clima de terror, con disparos permanentes en una sociedad fuertemente armada por su afición a la caza.
El archipiélago se dispone a vivir una tercera noche de violencia, a la espera de que lleguen los refuerzos policiales enviados desde la metrópoli.