Este órgano fijará normas mínimas de ética para las ocho instituciones en cuanto a declaraciones de intereses financieros y no financieros, trabajos en paralelo, regalos o viajes recibidos, premios y honores, actividades tras el mandato o reuniones con grupos de presión o partes interesadas.
Quedarán sujetas a estas normas todos los eurodiputados, los 27 miembros de la Comisión Europea, los miembros de la Junta Ejecutiva, el Consejo de Gobierno y la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo, los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo y los representantes del Comité Económico y Social y Europeo y del Comité de las Regiones, todos ellos únicamente cuando ejerzan su mandato europeo si además tienen otros a nivel nacional.
Salvo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la del BCE, Christine Lagarde (que ya habían firmado con antelación), representantes del resto de instituciones se unieron hoy en Bruselas para sellar con sus firmas el texto del acuerdo, que se pondrá en marcha con su entrada en vigor el próximo 6 de junio.
"Proteger la integridad e independencia de todas las instituciones europeas es crucial para mantener la confianza pública y una toma de decisiones imparcial", defendió en la ceremonia de firma la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.
Durante el verano, cada institución participante deberá designar a la persona que le representará ante el órgano ético y se elegirá también a los cinco expertos independientes que contribuirán a la labor de fijar los estándares, antes de que el órgano comience a reunirse a partir de finales de septiembre o principios de octubre.
El objetivo es que los primeros estándares éticos comunes a las ocho instituciones firmantes se den a conocer en el primer trimestre de 2025, de manera que puedan estar en marcha para la mayor parte de la próxima legislatura europea (2024-2029).
La iniciativa, que partió de la Comisión Europea, busca igualar los mínimos de normas éticas de instituciones que hasta ahora han aplicado estándares propios y muy diversos.
En el caso de las puertas giratorias, por ejemplo, la Comisión Europea aplica desde 2018 un periodo de dos años en el que sus comisarios tienen restricciones para asumir empleos que impliquen hacer ‘lobby’ a la propia Comisión.
Mientras, los eurodiputados tendrán a partir de la próxima legislatura uno de apenas de seis meses tras el final de su mandato, escaso si se tiene en cuenta que un nuevo Parlamento apenas está conformado seis meses después de que concluya la legislatura anterior.
La Comisión defiende que los tratados europeos "no permiten más" que un acuerdo interinstitucional para abordar las deficiencias en este área y que el nuevo órgano no podría atribuirse capacidad sancionadora porque otras instituciones podrían recurrirlo ante la Justicia europea, además de porque no quiere convertirse en un cuerpo policial.