"No es más que una confirmación de la ayuda periódica que la Comisión Europea ha proporcionado al Líbano durante años (...) Es para servicios básicos proporcionados por la Comisión con las instituciones gubernamentales en los sectores de protección social, educación, agua y sanidad", explicó Mikati.
El pasado 2 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció durante una visita a Beirut un paquete de ayuda comunitaria para el Líbano por valor de 1.000 millones de euros hasta 2027, una cuantía que se repartirá entre varios proyectos de desarrollo.
Von der Leyen explicó que parte del dinero será para la gestión de los 1,5 millones de refugiados sirios residentes en el país, anuncio que se produjo en medio de una fuerte subida en el número de embarcaciones con miembros de esa comunidad que llegaban a las costas chipriotas procedentes del territorio libanés.
Por ello, algunos bloques políticos interpretaron la ayuda de la UE como una suerte de soborno para frenar el flujo de refugiados hacia Europa, una polémica acrecentada por el hecho de que a cambio del dinero no se impusieran condiciones al Líbano.
"Quiero destacar que esta ayuda no está condicionada a ninguna condición previa o subsecuente y que no se ha firmado ningún acuerdo con la Unión Europea sobre ello. Más bien, es una continuación de la ayuda anterior", agregó el primer ministro durante su intervención en el Legislativo.
Según dijo, Von der Leyen prometió que el paquete será "revaluado" cada seis meses para ajustarlo a las necesidades del Líbano y que el bloque comunitario aumentará su aportación al país mediterráneo "en cuanto se aprueben las leyes de reforma necesarias".
Durante años, la comunidad internacional ha tratado de presionar a las autoridades libanesas para que lleven a cabo una serie de reformas profundas que saquen al país de la crisis económica que sufre desde 2019, un proceso que solo ha visto avances limitados en medio de la inacción y los bloqueos políticos.
Esa falta de avances ha impedido cristalizar un acuerdo alcanzado hace dos años a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había condicionado una ayuda multimillonaria al Líbano a la previa implementación de reformas, al igual que otros actores como la UE.
En una reunión informativa con un grupo de medios, la delegación de la UE para el Líbano aclaró la semana pasada que el paquete de 1.000 millones de euros es solo un "aumento" del apoyo que ya venían proporcionando y que se distribuirá directamente a "socios ejecutores", como ONG.
Todo ello coincide con un endurecimiento de la postura del Líbano hacia los refugiados sirios, después de que a comienzos de abril una presunta banda criminal siria asesinara a un responsable local del partido cristiano Fuerzas Libanesas.
Las autoridades, que llevan años buscando su retorno a Siria, anunciaron la semana pasada una serie de medidas como ordenar la salida de todos aquellos que no cuenten con residencia legal en el Líbano y también han sido acusadas de varias supuestas deportaciones, así como devoluciones en caliente.
La delegación de la UE explicó que las medidas estaban siendo analizadas por ACNUR para determinar su legalidad y no quiso hacer conjeturas sobre el futuro del paquete en relación a escenarios hipotéticos, aunque apuntó que será revaluado si se confirman "violaciones de los derechos humanos".