Seis años de cárcel para el colombiano que trató de introducir 111 kg de cocaína en España

Oviedo (España), 15 may (EFE).- El polizón colombiano de un barco procedente de ese país que hace un año trató de introducir 111 kilos de cocaína en España a través del puerto de Gijón (norte) reconoció los cargos que le imputaba la Fiscalía y asumió una condena de seis años de prisión y el pago de una multa de seis millones de euros por un delito contra la salud pública.

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Transcurridos dos años desde la privación de libertad -se encuentra en prisión provisional desde el 22 de marzo de 2023- verá sustituido el resto de la condena por su expulsión del territorio nacional español, con la prohibición de regresar durante 10 años.

Los hechos por los que iba a ser juzgado este miércoles en Gijón, se remontan al 5 de marzo de 2023, cuando el buque 'Iraklis', con bandera liberiana, zarpó de la ciudad de Barranquilla (Colombia) para transportar una partida de 27.200 toneladas de coque siderúrgico hasta el puerto gijonés, a donde llegó quince días después.

El colombiano, nacido en 1963 y sin ningún arraigo en España, accedió con ayuda de terceras personas al interior del barco y se ocultó en el interior de una de las grúas de cubierta, donde fue descubierto a los dos días de que zarpase el barco por un tripulante que dio aviso al capitán.

El polizón, que portaba dos cuchillos ocultos en la parte trasera de su pantalón, contaba con víveres y un traje de neopreno, así como con una pequeña bolsa en cuyo interior había un teléfono satélite, un teléfono móvil, una linterna de buceo, una batería externa y una llave inglesa que servía para abrir un compartimento situado en la parte superior de la grúa.

En ese compartimento encontraron dos bultos envueltos en plástico negro, y en otro similar de otra grúa, otros dos más de las mismas características en cuyo interior había un total de 112 tabletas de cocaína, con un peso neto de 111.443 gramos y una riqueza del 79,6 por ciento.

La sustancia intervenida al procesado tendría un precio de venta al público al por mayor de 4,27 millones de euros, según el Ministerio Público, que considera que la finalidad del procesado era transportar la droga para destinarla al tráfico en un lugar no determinado de Europa.

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