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“Los solicitantes de la residencia permanente y el estatuto de residente deben demostrar su compromiso con los valores culturales y el tejido social de las Islas Vírgenes, incluida la participación en iniciativas comunitarias y la comprensión de nuestra historia y tradiciones”, esgrimió el documento.
Asimismo, los solicitantes deben demostrar un historial de participación activa y positiva en sus comunidades actuales.
El texto precisó que esto puede incluir el voluntariado, la participación en proyectos comunitarios u otras formas de responsabilidad cívica que reflejen compromiso con el bienestar y la solidaridad comunitarios.
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Según las autoridades, se pretende fomentar un sentimiento de solidaridad y pertenencia, animando a los recién llegados al territorio a contribuir positivamente al tejido social.
En este sentido, el documento subrayó la importancia de la responsabilidad cívica y la integración comunitaria en el proceso de inmigración.
Sistema de puntos para evaluar solicitudes
La nueva política también introdujo un sistema basado en puntos para evaluar las solicitudes, que pretende garantizar la equidad y coherencia del proceso de inmigración, en consonancia con los valores y objetivos de desarrollo del territorio.
Por su parte, el primer ministro de Islas Vírgenes Británicas, Natalio Wheatley, afirmó que este reajuste en la política de inmigración se ajusta a las prioridades de desarrollo nacional, equilibrando el crecimiento económico, la integración cultural, la sostenibilidad medioambiental y la estabilidad social.
El Consejo de Ministros de Tórtola, en BVI, aprobó a finales de febrero una política de Pertenencia y Residencia Permanente que obliga a los inmigrantes a vivir 20 años en el territorio para obtener la residencia.