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El príncipe, de 60 años, no dispone de seguro público, y tampoco su esposa, la princesa Claire, ni sus tres hijos disponen de acceso a la seguridad social, que incluye atención médica, seguro de enfermedad y pensión.
El cabeza de familia, que en el pasado había criticado esta situación, ha citado ante un tribunal laboral francófono de Bruselas a la Unión de Clases Medias (UCM), organización que representa los derechos de los trabajadores independientes, y al Instituto Nacional de Seguros Sociales para Trabajadores (Inasti).
"Mi esposa aún no tiene derecho a nada (...). Parezco alguien que nunca está contento y que siempre tiene problemas, pero en realidad lucho por derechos elementales", declaró el pasado enero al diario Sudpresse.
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El abogado del aristócrata, Olivier Rijckaert, confirmó a VRT que se han iniciado los procedimientos pero declinó ofrecer más detalles.
El tribunal ha fijado una primera audiencia para el próximo 25 de noviembre para escuchar los argumentos del príncipe Lorenzo, el miembro más polémico de la familia real belga.
El pasado octubre calificó la monarquía de "estructura medieval" que no ha sabido adaptarse "suficientemente" y dijo no entender por qué un país debe "tener siempre una figura así por encima de la sociedad: un presidente, un primer ministro, un rey".
Un año antes, con motivo del funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe criticó que no hubiera sido invitado a las exequias en el país vecino cuando "tanta gente común está ahí, supuestos funcionarios que se creen importantes y gente con ambición desmedida", en una situación que calificó de "vergüenza".
Las polémicas de Lorenzo de Bélgica llevaron a que su padre, el rey Alberto II, primero, y su hermano el rey Felipe, después, suspendieran su agenda como representante del país.
Entre otros, el hijo pequeño de la reina Paola protagonizó un escándalo al reunirse con el hijo del entonces dictador libio Muamar el Gadafi en 2007 y 2008 o, al participar sin autorización en un acto en la embajada de China en Bélgica en 2017 que le costó una sanción financiera de 47.000 euros sobre los más de 300.000 euros a los que ascendía entonces su dotación por ser parte de la familia real.
Esta semana trascendió que firmó, a través de su asociación Environment Network, un acuerdo con la Universidad del Bósforo en Estambul para establecer "puentes de cooperación entre Europa y Asia en el ámbito de las nuevas tecnologías energéticas".
Sobre ese acuerdo dijo que se está "preparando para una nueva vida" y los medios belgas se preguntan si esa transformación implicará renunciar a su asignación anual de dinero público.
La lucha judicial del príncipe por conquistar derechos laborales que considera le amparan se ha conocido el mismo día en el que ha trascendido que su padre, el rey emérito Alberto II, sufrió una caída a principios de esta semana en residencia vacacional del sur de Francia, pero sin grandes consecuencias ya que se mantienen las celebraciones de su 90 cumpleaños el 6 de junio.