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"Washington vuelve a agredir a esta nación hermana, miembro de nuestra Alianza Bolivariana, a través de una serie de medidas coercitivas unilaterales dirigidas contra empresas y más de 250 funcionarios públicos, incluidos policías, fiscales, jueces, entre otros", dice un comunicado del bloque.
A su juicio, estas medidas "procuran alterar la estabilidad económica y política de este país, para obstaculizar su legítimo derecho al desarrollo".
La alianza "exige respeto de la soberanía de los pueblos libres de Nuestra América y el Caribe, al tiempo que reafirma su apoyo irrestricto y solidaridad con el pueblo y el Gobierno de reconciliación y unidad nacional" de Nicaragua, remarcó el comunicado.
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El miércoles, Estados Unidos lanzó una ronda de sanciones contra el Gobierno de Nicaragua que afectan a decenas de funcionarios y a empresas, por atacar los derechos humanos y ser "cómplices en la explotación de migrantes".
Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron, en una llamada con prensa, que el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del Gobierno de Nicaragua y a sus familiares, por apoyar "el ataque a los derechos humanos del régimen de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo".
Entre los sancionados por el Departamento de Estado están policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública.
También, se sanciona a la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (Comintsa) y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro y que, como "afiliadas al Gobierno", "generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo".
En marzo pasado, EE.UU. impuso otras sanciones que restringen la importación y exportación de artículos y servicios de defensa estadounidenses con destino u origen en ese país centroamericano.