En la sentencia del caso, la CorteIDH declaró que El Salvador es responsable por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales en perjuicio de Aguirre, debido a que el Estado no cumplió con la debida diligencia ni con la garantía del plazo razonable, ni tampoco contó con un recurso efectivo para garantizar sus derechos.
El caso se remota al 13 de noviembre de 1993 cuando Aguirre, quien se desempeñaba como funcionario judicial, se desplazó en un vehículo junto con el juez de Paz de Villa de Apaneca y el secretario judicial para realizar una diligencia en Villa Concepción de Ataco. Durante el trayecto se produjo una explosión de un artefacto dentro del vehículo.
Según el testimonio de Aguirre, luego de la explosión el juez se bajó del vehículo con una escopeta e indicó que "eran víctimas de un atentado" y la otra persona salió corriendo a dar parte a la policía. Aguirre denunció ante las autoridades judiciales que la explosión fue producto de la detonación de una granada que tenía el juez en su poder.
Producto de dicha explosión, Aguirre sufrió graves lesiones en su pierna derecha, que posteriormente le tuvo que ser amputada; además de múltiples lesiones en la pierna izquierda y brazo derecho, pérdida de la audición del oído derecho y lesiones en el oído izquierdo.
"En cuanto a la duración del proceso penal, la Corte notó que tuvo una duración de once años, desde la presentación de la denuncia hasta el dictado del sobreseimiento. Este Tribunal resaltó que no existen elementos de complejidad, ya que existía una identificación del posible autor y testigos", explicó la CorteIDH.
En la audiencia pública realizada en febrero de 2023, el Estado salvadoreño aceptó ante la Corte su total responsabilidad por la falta de debida diligencia en la investigación penal.
En la sentencia, la CorteIDH valoró el acuerdo alcanzado por las partes y el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, y ha considerado procedente la homologación de solución amistosa, informó el tribunal.