El exlíder laborista Jeremy Corbyn; su exportavoz de Economía, John McDonnell; el conservador David Davis y la ecologista Caroline Lucas aducen que hay indicios de que el Servicio de fiscalía de la corona (CPS, en inglés) pudo excederse en sus competencias al asesorar al Gobierno sueco, que inicialmente reclamó al australiano en 2010.
En el proceso judicial contra Assange, el CPS ejerce de acusación en nombre de los países demandantes, primero Suecia por un caso hoy archivado y desde 2019 en representación de la Justicia estadounidense.
"Han salido a la luz pruebas que exponen al CPS a acusaciones de que juzgó mal, o posiblemente se excedió, en su papel al asesorar a las autoridades suecas sobre la extradición de Assange a Suecia", escriben los parlamentarios en su carta a la comisión.
"Esto lleva a cuestionar los motivos detrás de esos actos, lo que incluye si el CPS fue influido por otra solicitud de extradición o si tenía como objetivo facilitar la posterior extradición de Assange a Estados Unidos", agregan.
Cuando Suecia requirió en 2010 la entrega del antiguo 'hacker' para interrogarle por supuestos delitos sexuales -de los que no fue acusado y que él negaba-, su defensa alegó que se trataba de una persecución políticamente motivada con el fin de que eventualmente fuera extraditado a EE.UU., que le investigaba después de que WikiLeaks revelara violaciones de derechos humanos del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
En ese momento, el equipo de Assange pidió a Suecia -representada por la Fiscalía- que interrogara a su cliente en suelo británico o que ofreciera garantías de que, de ser extraditado, no sería a continuación enviado a Estados Unidos, propuestas que no prosperaron.
Los diputados subrayan en su misiva que organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han advertido de que el enjuiciamiento del programador informático en EE.UU. por la labor de WikiLeaks pondría en riesgo el periodismo en general y la libertad de expresión.
El australiano de 52 años afronta el próximo lunes una audiencia decisiva en la recta final de su proceso en el Reino Unido, cuando el Tribunal Superior de Londres evaluará unas garantías ofrecidas por Washington antes de decidir si autoriza su entrega a ese país o si, en cambio, le permite seguir recurriendo en Inglaterra.