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"Mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales, unos de ellos cercanos a las FARC y otros colaboradores directos o indirectos, cubiertos por la cautivante palabra paz, usada para prorrogar el terrorismo a través de la indulgencia de impunidad absoluta", expresó Uribe en una declaración en su casa en Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).
La declaración del ex jefe del Estado, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ocurre horas antes de la audiencia en la que la Fiscalía lo acusará por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.
Las víctimas del caso consideran que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en una disputa que mantenía con Cepeda.
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Al respecto, Uribe añadió: "Horas antes de empezar este juicio, repito ante mis compatriotas, a quienes nunca he engañado, que jamás tomé la iniciativa de buscar un testigo. En el derecho irrenunciable de defender mi honra pedí verificar múltiples informaciones sobre ofertas de beneficios a reclusos para que me acusaran".
"Mi vida pública no conoce la mentira. Quienes recuerdan los gobiernos que presidí saben que reconocía errores, que asumía responsabilidades, que delegaba éxitos", añadió.
Un caso de 12 años
Este caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por presunta manipulación de testigos por el supuesto pago de coimas a varios presos para que hablaran a su favor.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.
Sin embargo, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios determinó que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.