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El organismo de derechos humanos indicó en un comunicado que desde 2016 atendió 109 quejas de periodistas y comunicadores que relataron estar en riesgo y 14 ser víctimas de desplazamiento forzado.
"Las denuncias de periodistas y comunicadores sociales van en aumento cada año, principalmente por las amenazas de las que son objeto, situación que los pone en riesgo y de ser víctimas de desplazamiento forzado", subrayó Izaguirre en la víspera del Día del Periodista hondureño, que se conmemora el 25 de mayo.
Señaló que todo acto de violencia contra periodistas es "una franca amenaza y un atropello contra la libertad de expresión y de prensa cualquiera sea su origen, causa y autoría".
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Izaguirre enfatizó que la muerte violenta de periodistas y comunicadores sociales es "la forma de censura más extrema, ya que priva de la vida a la persona y se genera un sentimiento colectivo de temor entre su gremio".
El 77 % de los periodistas denunció ser víctima de amenazas, 7 % por tentativa de homicidios, 4 % por lesiones y otro 4 % por extorsión, según el organismo de Honduras, donde un centenar de personas vinculadas a los medios de comunicación han muerto de forma violenta desde 2001.
En 2021 el organismo atendió 14 denuncias de periodistas, cifra que en 2022 aumentó a 20 y en 2023 a 27, mientras que en los 4 primeros meses de 2024 el número de quejas llegó a 10.
Detalló que en el 44 % de los casos de periodistas y comunicadores desplazados o en riesgo de desplazamiento, el principal responsable fueron personas desconocidas, en tanto que 36 % son conocidos, 22 % las maras y pandillas, 4 % vecinos y 4 % los operadores de justicia.
La representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Honduras, Kathryn Lo, dijo que la labor de los periodistas es un elemento fundamental para la defensa de los derechos humanos.
“Protegerles es clave para garantizar una prensa libre, pilar esencial de la democracia”, subrayó Lo en el mismo comunicado de prensa.
Agregó que los periodistas y comunicadores se ven obligados a abandonar sus labores y hogar debido a las amenazas y los actos violentos que sufren.
El Parlamento hondureño aprobó en diciembre de 2022 la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, un fenómeno que el país reconoció en 2013.