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Según informó la prensa local del país suramericano, Montecon, operador del Puerto de Montevideo que es propiedad del consorcio Neltume Ports -cuyos accionistas son la chilena Ultramar y la canadiense Atco-, transmitió que el Ciadi aceptó el caso de su demanda contra el Estado uruguayo por unos 600 millones de dólares.
La acción, acotaron, "se funda en que el Estado uruguayo violó los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá" al adoptar "una serie de medidas que impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del Puerto de Montevideo" desconociendo "el régimen legal de libre competencia".
De acuerdo con los demandantes, el Tribunal Arbitral del organismo internacional definirá así luego de estudiar la causa "el procedimiento y el inicio del juicio en sí".
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Montecon acotó que emprendieron este proceso "tras el cierre sin éxito de un periodo de consultas y negociaciones directas para alcanzar una solución amistosa" con las autoridades del país.
A su vez, informó que inició una segunda solicitud ante el Ciadi en la que denuncia "la violación de los principios del tratado de protección de inversiones que Uruguay suscribió con Canadá, por 240 millones de dólares".
Este problema tiene su origen en las medidas adoptadas por Uruguay al suscribir un acuerdo con la multinacional de origen belga Katoen Natie, que anunció en marzo de 2021 una operación por 455 millones de dólares para la expansión de la Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de Montevideo.
El acuerdo con Katoen Natie, dueña del 80 % de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) -el otro 20 % corresponde a la Administración Nacional de Puertos (ANP)-, incluía la construcción de una segunda playa de contenedores de unas 22 hectáreas y un segundo muelle de 700 metros, con una profundidad a 14 metros.
Además, las partes acordaron la extensión de la concesión -iniciada en 2001 por 30 años- por 50 años más -hasta 2081- y que la belga diera por concluido el diferendo con Uruguay "por infracciones" al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Bélgica-Luxemburgo y la nación rioplatense.