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"Rechazo el encarcelamiento de cualquier persona por sus ideas o su opinión (...) La libertad de expresión está garantizada por la Constitución", señaló el mandatario en una reunión con la ministra de Justicia, Leila Jaffel, antes de añadir que no aceptará que nadie "perjudique" al país o "empañe" su imagen en el extranjero.
Para los partidos políticos, declaró, "la libertad de expresión es sinónimo de difamación, desprecio y comentarios ofensivos" y se permiten "interferir en los asuntos del país o dar lecciones de libertad".
En este sentido afirmó que estas "polémicas fabricadas" que surgen en torno a "falsos debates" están vinculadas al medio centenar de "familias influyentes que consiguieron apoderarse del país y que son los principales responsables del aumento de la corrupción".
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El decreto-ley 54 aprobado unilateralmente por Said en septiembre de 2022, que castiga con hasta diez años de cárcel los "rumores" y noticias "falsas" y por el que han sido procesadas al menos sesenta personas, no supone, aseguró, un ataque o restricción al ejercicio de la libertad de pensamiento.
Dos conocidos periodistas críticos fueron condenados este miércoles a un año de prisión en base a este texto calificado de "liberticida" por el sindicato de la prensa. En el último mes varios abogados y responsables de ONG en defensa de los derechos de los migrantes han sido detenidos.
La pasada semana la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la escalada de la represión del Ejecutivo y las acciones destinadas "a silenciar la libertad de expresión, perseguir a los disidentes y reprimir a los inmigrantes".
Túnez se encuentra en la posición 118 de un total de 180 países según la clasificación mundial de libertad de prensa realizada por Reporteros Sin Fronteras, que apunta a un aumento de la persecución de periodistas críticos con el mandatario.
Said todavía no se ha pronunciado sobre su posible candidatura en las próximas presidenciales, previstas a finales de año, y la oposición llama al boicot al considerar que no existen garantías para unos comicios libres mientras una veintena de figuras políticas permanece en prisión provisional desde hace más de un año acusados de "complot contra la seguridad del Estado".