Embajadas de UE y EE.UU., preocupadas por plan contra ONG con recursos extranjeros en Perú

Lima, 10 jun (EFE).- Al menos 16 sedes diplomáticas en Perú, entre las cuales figuran la Unión Europea y Estados Unidos, expresaron este lunes su preocupación por un proyecto del Congreso que propone fiscalizar a las ONG que hacen "activismo político" y regular a las que reciben financiamiento exterior, entre otras entidades.

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En un comunicado compartido en la red social X, las embajadas de países "socios de cooperación del Perú" manifestaron que les preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), porque "restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propio".

Agregaron que las democracias son "más inclusivas, equitativas, estables y prósperas" cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos.

El escrito es firmado con las banderas de Finlandia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia, Países Bajos, Austria, Reino Unido y la Unión Europea.

La semana pasada, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó, por mayoría, un dictamen que propone modificar la ley de creación de la APCI con el objetivo de "contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional", como es el caso de las ONG.

El presidente de esta comisión, el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, afirmó que lo único que persigue este dictamen es "transparencia" y darle la garantía a la APCI de que sus recursos son "bien utilizados".

Por tal motivo, sostuvo que existían vacíos legales que no ayudaban a la supervisión de las ONG y planteó un marco regulatorio semejante al de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE).

También introduce "la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político", según detalló un comunicado del Parlamento".

"De esta forma, se busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional", agregó la información.

Además, el dictamen precisa que las organizaciones que gestionen cooperación técnica internacional deberán inscribir en forma obligatoria, ante la APCI, sus proyectos, programas o actividades, bajo sanción.

De igual manera, la ley crea una intendencia adscrita a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para que los recursos de cooperación técnica internacional, que reciben las ONG, sean "transparentados".

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