La decisión fue tomada por el Tercer Juzgado Colegiado Nacional, según detalló el Poder Judicial en la red social X, en el juicio que se sigue contra Humala y otras personas por la presunta comisión del delito de lavado de activos vinculado con la presunta financiación irregular de sus campañas presidenciales.
El tribunal remarcó "que los efectos y la eventual interpretación de la citada ley serán discutidos y resueltos al momento de emitir la sentencia del proceso, que se prevé para los próximos meses".
El PNP había pedido acogerse a la nueva ley, promulgada el lunes por la presidenta Dina Boluarte, que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal en los procesos por corrupción, con el objetivo de evitar que sean disueltos por esos delitos.
El partido de Humala figura actualmente sin inscripción oficial en el registro electoral, pero está comprendido en el proceso que se sigue contra el exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, por presuntos aportes ilícitos del Gobierno de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
El juicio oral por este caso comenzó en febrero de 2022 por lo que se considera que el Poder Judicial emitirá una sentencia en los próximos meses, a partir del pedido fiscal que solicita 20 años de cárcel para el exgobernante, 26 años y medio para Heredia, y la disolución de su agrupación política.
La ley aprobada por el Congreso modifica el Código Penal y la norma que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal con el objetivo, según sus promotores, de "optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas".
Entre sus medidas establece que "la responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito" y que los partidos solo son sometidos a sanciones administrativas, pero no pueden ser disueltos.
La ley fue aprobada y promulgada semanas antes de que comience un juicio oral contra la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos, bajo la acusación fiscal de que usó su organización política para configurar una organización criminal y percibir aportes ilícitos en sus campañas electorales.
Además de una pena de 30 años de cárcel contra Fujimori, la Fiscalía ha pedido a la Justicia que ordene la disolución de su partido.