El grupo parlamentario popular, a través de un comunicado, hizo este aviso contrario a una imposición en este asunto en la víspera de que se registre este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería, que cuenta con el apoyo del Partido Socialista (PSOE) del presidente Pedro Sánchez y otros grupos políticos.
Los conservadores recordaron al Gobierno que una verdadera política migratoria pasa por dialogar y consensuar propuestas con el principal partido de la oposición, en lugar de tratar de imponerlas al presentar una iniciativa que carece de un compromiso financiero.
La proposición de ley, impulsada por el Gobierno central y el de las islas Canarias (Atlántico), tiene como objetivo la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería para garantizar la distribución y acogida solidaria por parte de las regiones españolas de menores migrantes no acompañados que llegan a las costas, especialmente canarias, en pateras y cayucos.
La idea es aliviar la presión que soporta en estos momentos la ciudad autónoma de Ceuta y las propias Canarias, archipiélago que se encuentra desbordado y cuyo gobierno ya ha empezado a instalar carpas en puertos ante las llegadas de embarcaciones con menores y adultos que se prevén para las próximas semanas.
Emergencia migratoria nacional y compromiso financiero
En su declaración, el PP insta al Ejecutivo a abandonar la demagogia y el sectarismo y abordar el asunto con lealtad y buscando alcanzar una verdadera solidaridad interterritorial.
Propone declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, un compromiso financiero por parte del Ejecutivo mediante un fondo de contingencia plurianual y que el reparto de menores sea para todas las comunidades “sin excepción”.
También exige políticas de cooperación con los países de origen y con las instituciones europeas.
De igual modo, reclama que en el caso de que una comunidad autónoma de acogida exceda la capacidad de sus recursos para atender a los menores, el Gobierno central “habilite los medios y su gestión directa” ya que la imposición de este reparto sin los medios necesarios hace imposible que la acogida sea efectiva.
Lo contrario es tan solo “un parche” para repartir el problema, advirtió el PP, que afeó al Ejecutivo que presente una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley, puesto que este último “habría venido acompañado de informes jurídicos de órganos consultivos y la memoria económica imprescindible”.
El PP criticó que no se haya planteado esta cuestión en una Conferencia de Presidentes regionales: “Sería muy lamentable que la negativa del Gobierno a convocar este órgano pretenda ocultar la posición injusta e insolidaria de los socios que le sustentan en el poder”.
En este sentido, advirtió de que no aceptará que el Ejecutivo intente tapar y soslayar la insolidaridad de sus socios independentistas catalanes de Junts y ERC, en un momento en el que está en plena negociación de un acuerdo para la gobernabilidad en la región de Cataluña, con ataques falsos contra el PP y las comunidades autónomas donde gobierna.