Varios parlamentarios del oficialismo y la oposición acudieron esta mañana a la sede del máximo tribunal para discutir los detalles del paquete, ratificado con los votos afirmativos del Kuomintang (KMT) y del Partido Popular de Taiwán (PPT), fuerzas favorables a estrechar los lazos entre Taipéi y Pekín.
Las reformas, suspendidas temporalmente por orden del Tribunal Constitucional, pretenden reforzar los poderes de investigación del Parlamento y otorgar a sus miembros la capacidad de convocar audiencias públicas, al tiempo que buscan obligar al presidente a pronunciar un discurso anual sobre el estado de la nación ante los legisladores, algo opcional hasta ahora.
El líder del grupo parlamentario del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), Ker Chien-ming, manifestó que el KMT y el PPT “han secuestrado el Parlamento y la democracia”, adoptando un “método de ocupación de la presidencia -del Parlamento- y de votación a mano alzada que no se ha visto en 30 años”.
“Si esto no es inconstitucional, ¿qué lo es?”, se preguntó Ker antes de ingresar en el recinto, siguiendo la línea marcada por el oficialismo, que considera las reformas como una vulneración de la separación de poderes y de la Constitución.
Huang Kuo-chang, coordinador del grupo del PPT, afirmó por su parte que “lo más importante” es que el Tribunal Constitucional se asegure de que Taiwán no caiga en un “doble estándar” de “si eres verde (color asociado al soberanismo y al PDP), puedes, y si no, no puedes”, ya que eso constituiría el “mayor daño al orden constitucional de la libertad y democracia” en la isla.
Tanto el KMT como el PPT defienden que estas medidas ayudarán a corregir la falta de supervisión del Ejecutivo por parte del Legislativo, después de ocho años ininterrumpidos del PDP en el Gobierno.
Divisiones en torno al paquete legislativo
La tramitación y posterior aprobación de este paquete de reformas evidenció la gran polarización que existe en la isla: durante la primera jornada de deliberación parlamentaria, hubo insultos y agresiones físicas entre miembros del oficialismo y la oposición, cuyas divisiones no han hecho más que acrecentarse desde entonces.
Asimismo, entre el 17 y el 28 de mayo, decenas de miles de taiwaneses salieron a las calles para protestar por lo que, entendían, suponía un “abuso del poder” de los legisladores opositores, que habrían aprovechado su mayoría (62 escaños de 113) para impulsar su propia versión de las reformas.
Si el Constitucional confirma la legalidad de estas medidas -decisión que se producirá dentro de varias semanas-, estas podrían emplearse como arma arrojadiza contra el presidente, William Lai (Lai Ching-te), y los miembros de su gabinete, en un momento particularmente tenso en las relaciones entre Taiwán y China.