"Un millón de compatriotas viven bajo la ocupación y sus derechos más fundamentales son ignorados", señaló el portavoz del Gobierno de la RDC y ministro de Comunicación, Patrick Muyaya, en una rueda de prensa organizada por la Asociación de Corresponsales Acreditados ante la ONU en Ginebra (ACANU).
Muyaya recordó que los militantes del grupo armado M23, según la RDC apoyados por el ejército y fuerzas especiales de la vecina Ruanda, han bombardeado campos de desplazados y han causado "una carnicería", con al menos 3.000 muertos, incluidos cascos azules de la misión de la ONU en la RDC, e "incontables desaparecidos".
El portavoz pidió de cara a la sesión del Consejo que la comunidad internacional actúe con contundencia frente a Ruanda, y sugirió que se considere la aplicación de sanciones contra ese país aprovechando la influencia sobre un Gobierno "en el que la mitad del presupuesto proviene de la cooperación internacional".
"La comunidad internacional ha actuado ya frente a crisis como las de Ucrania, y es difícil comparar, pero hay un millón de congoleños que sufren y merecen una atención mayor, ya que si el presidente ruandés, Paul Kagame, no es detenido, será responsable de un genocidio", aseguró Muyaya.
En la misma rueda de prensa, el ministro de Comercio Exterior de la RDC, Julien Paluku, agregó que el principal objetivo de Ruanda al intervenir en el este de la RDC es el de mantener el control en esa zona de las mayores reservas mundiales de coltán, materia prima esencial para la industria tecnológica global.
Otras razones son turísticas, explicó el también exgobernador de la provincia de Kivu del Norte (de la que es capital Goma), ya que en esa zona fronteriza, tanto en el lado congoleño como el ruandés se encuentran importantes parques naturales que son por ejemplo hábitat de los célebres gorilas de montaña, o de grandes felinos.
Ruanda busca "destruir el ecosistema congoleño" para que esos animales, huyendo de las zonas en conflicto, permanezcan en territorio ruandés, afirmó Paluku.
La reunión del viernes será la primera que celebra el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 Estados miembros de la ONU, después de que anunciaran el fin de su participación en él de Estados Unidos e Israel, que actualmente eran meros observadores.