"No se debe dejar que las personas detenidas ilegalmente en los campamentos de Al Hol y Al Roj languidezcan para siempre", dijo en un comunicado la investigadora para Oriente Medio de HRW, Hiba Zayadin, que recordó que la "terrible situación" de estas personas "debe incluirse en los debates sobre el futuro de Siria".
Estos dos campos, gestionados por la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES) -dirigida por el brazo civil de la alianza armada liderada por kurdosirios Fuerzas de Siria Democrática (FSD)- albergan a unas 42.500 personas, de las que alrededor de 18.000 son extranjeras, entre ellas mujeres y niños de más de 60 países.
La ONG denunció que los detenidos siguen "atrapados en condiciones que ponen en peligro sus vidas", pese a que han transcurrido seis años desde la derrota territorial del Estado Islámico en Siria y la caída de Al Asad el pasado 8 de diciembre.
Sin embargo, HRW denunció que la situación de estas personas está empeorando después de que el Gobierno estadounidense suspendiera la ayuda extranjera a las organizaciones no gubernamentales que operan en estos campamentos.
Además, las hostilidades en el noreste de Siria entre las FSD y la agrupación proturca Ejército Nacional Sirio (SNA) se han intensificado desde la caída de Al Asad, algo que ha exacerbado las condiciones humanitarias y ha obligado a los kurdosirios a desviar recursos para proteger sus territorios.
Esto está afectando directamente a los detenidos en Al Hol y Al Roj, que han estado "recluidos arbitrariamente en condiciones inhumanas, degradantes y potencialmente mortales durante seis años", según HRW, que recordó que los extranjeros de estos campos nunca fueron llevados ante un tribunal.
Asimismo, indicó que más de 9.000 personas de más de 50 países presuntamente vinculadas al EI permanecen recluidas en centros de detención gestionados por las FSD en el noreste de Siria.
"Todos los gobiernos deberían repatriar urgentemente a sus ciudadanos detenidos arbitrariamente en el noreste de Siria", dijo la ONG, que pidió que cualquier acuerdo político debe incluir "el fin de la detención arbitraria de personas con presuntos vínculos al EI y sus familias".
HRW calificó de "esporádicos e insuficientes" los esfuerzos de repatriación, ya que desde 2019 alrededor de 36 países han aceptado el regreso de sus ciudadanos, principalmente Irak, que ha repatriado a más de 10.000 personas. Al resto de países, en conjunto, han regresado tan solo 3.365 detenidos, 2.200 de ellos menores de edad.
"Otros países, especialmente en Europa, han dudado o se han negado directamente a traer de vuelta a sus nacionales. Otros han despojado a supuestos miembros del EI de su ciudadanía, convirtiéndolos en apátridas", denunció la organización.