Alvarez, que está respaldado por el correísmo, no se pronunció este miércoles sobre su ausencia en la audiencia donde el fiscal Carlos Alarcón quiere formalizar su vinculación al denominado caso 'Triple A' junto a otras nueve personas.
Esta audiencia estuvo precedida por las declaraciones de Alvarez contra la Fiscalía, calificadas por el Ministerio Público como una "intimidación".
La semana pasada, Alvarez manifestó en una entrevista al medio digital Ecuador en Directo que Alarcón "debería pensarlo 100 veces" antes de vincularlo como investigado y aseguró que "se le va a perseguir legalmente después de que termine el proceso".
En respuesta a estas palabras, la Fiscalía emitió un comunicado en el que describe las palabras de Álvarez como "un intento de intimidación contra el agente fiscal por el cumplimiento de su trabajo" que "tiene como fin evitar que (el fiscal) cumpla" con su función de indagación.
Por ello, el Ministerio Público aseguró que no permitirá amenazas "directas o veladas" dirigidas a tratar de amedrentar y evitar que los funcionarios de esta institución cumplan con su trabajo "siempre dentro del marco del derecho y del debido proceso".
Tras la publicación del comunicado, el dirigente guayaquileño reaccionó en sus redes sociales desde donde calificó de "vergonzoso" el texto de Fiscalía y puso en duda los "elementos de convicción" que justifican su vinculación al proceso penal.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en julio del año pasado por la estatal Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, del Gobierno de Daniel Noboa.
Esta agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
Tras la denuncia, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicio pertenecientes a la compañía Copedesa, de Álvarez y su familia, ante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.
Meses después, el Ministerio Público procesó a cinco personas y a cinco empresas por presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
Al conocer que el fiscal tiene intención de imputarlo, Alvarez tildó la situación de una persecución política por parte del Gobierno de Daniel Noboa, al señalar que "se veía venir hace tiempo", porque Alarcón "hace lo que le piden".
El acalde aseveró que este es "un tema cien por cien político" y que "lo que buscan (Gobierno de Noboa) es antes del 13 de abril (segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Noboa y la candidata correísta Luisa González) generar una noticia vinculada".